La tarde de este miércoles 23 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, la cual consiste en una reforma al Código Penal Federal (CPF) que sanciona a las personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sensible de las víctimas de casos penales cuya investigación siga en proceso.
Con 470 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno de San Lázaro determinó por unanimidad que los funcionarios que violenten la nueva modificación al Artículo 225 del CPF incurrirán en una falta que se castigará con una pena de cuatro a 10 años de prisión más una multa de 100 a 150 días de su salario.
En concreto, la iniciativa que fue turnada al Senado de la República para su ratificación especifica que “al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima” será castigado con la pena mencionada.
La reforma al Código atiende a un acto coyuntural de violencia contra las mujeres, pues refiere al feminicidio de Ingrid Escamilla, quien murió a manos de quien fuera su pareja sentimental en febrero de 2020 en la Ciudad de México, ya que, para ocultar los rastros del crimen, Érick Francisco Robledo Rosas cercenó la piel de Ingrid, dejando un cuerpo visiblemente dañado.
Posteriormente, cuando inició la investigación oficial, se filtraron las fotografías del cuerpo sin vida de Ingrid, el cual fue publicado en un diario de circulación nacional, esto porque las imágenes de ella eran sumamente impactantes, por lo que en una estrategia de venta, el periódico puso estas fotografías en primera plana.
Las imágenes provocaron tanta indignación entre la sociedad, que cientos de mujeres tomaron las calles para manifestarse contra la exhibición impune de quien en vida tenía una maestría en administración de empresas turísticas como si se tratara de un producto publicitario para vender tabloides.
La manifestación fue violenta: las feministas quemaron vehículos de distribución del periódico y dañaron el mobiliario urbano de la colonia Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital nacional. Cabe recordar que estos actos fueron criticados por un amplio sector de la población; sin embargo, a poco más de dos años se realizó una conquista histórica que trascendió en el proceso penal mexicano y el derecho a la intimidad de las víctimas.
En virtud de que esta ley se promovió con visión de género, se decretó que la sanción aplicable a quien se encuentre culpable de transgredir este artículo se incrementará un 33% cuando las víctimas son mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.
La “Ley Ingrid” al igual que la “Ley Olimpia” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización; sancionando a las personas y servidores públicos que realicen dichas conductas.
Finalmente, cabe recordar que de manera local, el primer Código Penal en ser modificado para atender a casos como el ocurrido con Ingrid fue el de la CDMX, en el cual se agregó un Artículo 293 Quater en donde se tipificó de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen este tipo de contenido y, en consecuencia, sean objeto de castigos.
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