La hija del Mencho: cómo se defendió tras su captura en EEUU y qué pasará con ella a tres semanas de su libertad

Jessica Johanna Oseguera González, hija del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sabía que estaba en la mira de autoridades de EEUU, fue avisada, pero el día que acudió a la audiencia de su hermano supo de la acusación en su contra; aunque sostuvo una férrea defensa durante un año, al final se declaró culpable por colaborar con el grupo criminal de su padre y saldrá de la cárcel en tres semanas.

La Negra, como es apodada, dejó en Guadalajara a sus dos hijos al cuidado de su madre, Rosalinda González Valencia. Viajó a California y de ahí voló a Washington DC, donde fue la comparecencia de Rubén Oseguera González, el Menchito, quien actualmente sigue el proceso judicial por narcotráfico al ser identificado como uno de los cabecillas del CJNG.

Una mañana antes de ser detenida fue a recibir la cruz de ceniza que marca el inicio de la cuaresma, pues según sus familiares y amigos, es muy religiosa. Sin embargo, aquel 26 de febrero de 2020 comenzó una especie de viacrucis al caer en manos de la justicia y enfrentar las consecuencias por ayudar al CJNG a través de cinco empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro.

La caída de la hija ejemplar

Según los expedientes judiciales consultados por Infobae México, el día que la detuvieron portaba un reloj Rolex, abrigo Louis Vuitton y un bolso Hermes. Además llevaba una cantidad sustancial de dinero en efectivo. En su teléfono solo tenía tres contactos, no iba sola y se hospedaría en un hotel de la capital estadounidense. Finalmente quedó arrestada al ingresar al Tribunal de Distrito de Columbia, antes de mostrar su apoyo al Menchito.

Para ese entonces, Jessica Johanna Oseguera González ya era una madre independiente, de acuerdo con sus testimonios. Las más de 20 cartas enviadas a la corte para apelar por su liberación la mostraban como una mujer bondadosa, querida por sobrinas, tías y amigos; apreciada por clientes, así como un par de líderes religiosos de Jalisco.

Destacaban los momentos en que apoyó a personas en situación de vulnerabilidad, además del ejemplo para sus primos y sobrinas. Lo mismo podía dar tamales y cobijas en hospitales que encabezar una colecta para regalar bicicletas y juguetes a niños del barrio en una Navidad o, comprar ropa y zapatos a menores en situación de calle. O eso afirmaron sus conocidos.

Apasionada del fútbol y practicante de boxeo, creció entre California, Michoacán y Guadalajara, donde se tituló en Mercadotecnia en la universidad privada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en 2009. Quedó embarazada mientras estudiaba, pues desde los 17 años mantuvo una relación con Julio Alberto Castillo Rodríguez, otro de los ubicados como líderes del CJNG.

Pero todo ese pasado como estudiante de buenas calificaciones quedó relegado al encabezar entidades que beneficiaron al cártel comandado por su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. La acusada dijo que no había visto al capo desde 1997, pero los fiscales estadounidenses contaban con un testigo que aseguraba haberlos encontrado juntos en reuniones, incluso, llevando registros de contabilidad por deudas del narco en 2011 y 2013.

Los documentos consultados por Infobae México señalan que, de haber procedido el juicio, el informante hubiese dado detalles de la cita con Jessica Johanna y su padre en un rancho. Así como supuestas órdenes del Mencho para que su hija revisara registros y así confrontar a un miembro del CJNG que era sospechoso de robo a la organización criminal.

Pero la defensa respondió que admitir esa intervención solo mancharía la reputación de la acusada por cargos que no estaban presentados formalmente ni se sostenían más allá, pues solo se influiría al jurado por un contexto de violencia y narcotráfico. De ahí que la jueza excluyó la evidencia y solo dejó abierta la posibilidad como réplica a posibles manifestaciones de la implicada.

Las investigaciones

El registro judicial examinado por este medio señala que la mujer fue detectada en el radar de la Administración del Control de Drogas (DEA) en noviembre de 2014. A partir de entonces comenzaron indagatorias con apoyo de la extinta Policía Federal y la oficina de la agencia en Guadalajara. Un año después, el 1 de septiembre de 2015, se obtuvieron datos sobre negocios dirigidos por la hija del Mencho.

Ella visitaba frecuentemente a sus familiares en California, donde nació y pasó parte de la infancia hasta que sus padres se separaron por la deportación a México de Oseguera Cervantes, quien estuvo preso en EEUU por venta de drogas. A los 15 años decidió permanecer en Jalisco con su madre y hermanos, pese a la doble ciudadanía. Desde 2005 hasta febrero de 2020 ingresó a Estados Unidos al menos 33 veces.

En 2018 fue en viaje para esquiar en el Vail de Colorado y llevaba consigo 10 mil dólares en efectivo. No se ocultaba a las autoridades y siempre siguió los protocolos del cruce fronterizo. Pero en 2019, cuando acudió con su familia y a un torneo de fútbol de su hijo en Los Angeles, fue interceptada por agentes de la DEA.

Ya en las mociones argumentó que los oficiales la intimidaron frente a sus pequeños en dos ocasiones distintas y pidieron entrevistarla bajo supuestas amenazas de encarcelarla. Aunque se acordó que podrían abordarla en otro lugar, no se concretó.

Proporcionó un número de teléfono, pero perdieron el contacto con ella, pues se negó a indicar datos de los que no hay base para sustentar que poseyera, según sus abogados. Quienes la interceptaron, presumió, probablemente investigaban el caso del Menchito, quien ya estaba detenido en México y esperaba a ser extraditado al Distrito de Columbia.

De acuerdo con el expediente, buscaron que cooperara para aportar información y al mismo tiempo, le notificaron personalmente que estaba involucrada en sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por entidades en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la llamada Ley Kingpin.

Tal como ella aceptó en marzo del año pasado, luego de su paso por el ITESO conformó, incorporó, registró, administró y lideró compañías que terminaron por beneficiar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de una red empresarial relacionada con alojamientos vacacionales, restaurantes de sushi, una marca de tequila y servicios de agricultura.

Las autoridades norteamericanas publicaron la información en septiembre de 2015. Visitaron para advertir a familiares del Mencho en EEUU y parientes de su cuñado, Abigael González Valencia. La OFAC designó al CJNG como a sus cabecillas y aliados en los Cuinis, además de negocios que les servían en sus actividades delictivas: J&P Advertising; JJGON; Cabañas las Flores; Mizu Sushi Lounge de Operadora los Famosos, después Kenzo Sushi; además de Tequila Onze Black.

También enviaron correos electrónicos a cuentas proporcionadas por Jessica Johanna Oseguera González, incluida una carta a direcciones localizadas en registros crediticios y a donde solicitó que le enviaran unos tenis Nike en California, pero la notificación fue devuelta. Igual avisaron a primos, tías y tíos de la acusada, así como a las directivas electrónicas de las microempresas que prestaban apoyo financiero al cártel de las cuatro letras.

Desde 2009 y durante una década participó como copropietaria, dueña o gerente de las entidades comerciales. En redes sociales aún se localizan cuentas de J&P Advertising, Tequila Onze Black y Kenzo Sushi; según verificaciones de Infobae México, en Twitter se siguen entre ellas. Además, un par de registros de marcas aún no vencen con el nombre de la titular en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Cuando agentes de la DEA la interceptaron ya se contaba con esos elementos para poder solicitar una orden de arresto. Se supo que cambió el nombre, dirección y disolvió a parte de las compañías como intento de evadir sanciones de la OFAC. No es creíble que no estuviera enterada, pues el caso se difundió ampliamente en la prensa. De todos modos siguió al frente de las entidades incluidas en la lista negra de EEUU.

Férrea defensa de la hija del Mencho

Tras su arresto, compareció ante el juez federal Robin M. Meriweather en el Distrito de Columbia. La acusación de cinco cargos se mantenía sellada y se presentó ante el Gran Jurado desde el 6 de diciembre de 2019. No pudo apoyar a su hermano como familiar en la corte el mismo día, ahora le quedaba defenderse.

En su audiencia inicial se declaró no culpable y no se le otorgaron posibilidades de una fianza. El fiscal ordenó que se informara a la Embajada de México. Solicitaron que quedara retenida por representar un grave riesgo de fuga al contar con acceso a recursos para sustraerse de la justicia.

Los fiscales alegaron un caso sólido y de investigaciones extensas encabezadas por la DEA. Para ello presentarían testigos, registros comerciales, redes sociales, sitios web y avisos oficiales de violaciones a la Ley Kingpin. Si regresaba a México, arguyeron, el CJNG y los Cuinis se encargarían de que siguiera en libertad al ejercer un alto grado de control corrupto sobre varios municipios y entidades del país.

Desde el inicio, solicitó al juez que se presentaran testigos y evidencias. Argumentó que se violaba el debido proceso, pues carecía del conocimiento a lo que enfrentaba.

Entonces reveló, a través de sus abogados, que ya había enfrentado un proceso similar en México, que fue vigilada e interrogada medio año antes, cuando estuvo en California. Por ello quería confrontar a quienes la abordaron en su momento.

Para el 2 de marzo de 2020 se solicitó que la custodia quedara en manos de la fiscalía general de EEUU. La acusada quería seguir su proceso en libertad, pues no tenía antecedentes penales y era una madre al servicio de una hija de cuatro y su hijo de 12 años.

Cuando fue acusada en 2017 de los mismos cargos e implicaciones, se emitió una orden de arresto que logró evadir con un amparo. Se apeló la decisión, pero un tribunal reafirmó que no había evidencias para detenerla en un proceso en que apoyó la DEA.

Sugirió que si las pruebas en su contra ya eran sólidas, bien pudieron arrestarla antes. El abogado agregó que todo era una venganza, porque no lograron procesarla en suelo mexicano y se negó a dar información.

Apelaron a que no era un riesgo para la comunidad y el juez Meriweather otorgó la posibilidad de que quedara libre con el pago de una fianza en propiedad garantizada de 500 mil dólares, además del monitoreo con GPS y prisión domiciliaria. Ganó el primer round.

La fiscalía estadounidense apeló y dijo que hasta esa fecha habían designado a 100 entidades comerciales ligadas al CJNG y los Cuinis. Reiteraron notificaciones y que aún no era necesario presentar personas, en cambio, podían otorgar declaraciones. Se debía entender el contexto, peso de la evidencia, lazos familiares y el peligro de dejarla ir.

Esto fue valorado por la jueza principal, Beryl A. Howell, quien revocó la decisión de su antecesor para mantener la prisión preventiva. Intervino el servicio de Alguaciles para hacerse cargo de la custodia en un centro penitenciario separado y se programó el juicio rápido.

El gobierno evaluó que la propiedad en garantía de medio millón de dólares en realidad estaba cotizada en 109 mil 889 dólares y fue firmada por una tía de Oseguera González. Después se supo que ofreció rentar un departamento en Columbia con costo mensual superior a 3 mil dólares. Insistieron en que no se alegaba su peligro a la comunidad, sino los recursos para escapar.

De ahí se desencadenaron una suma de apelaciones, solicitudes, respuestas y apoyo a los planteamientos. El 19 de marzo introdujo una estrategia que usarían más reclusos para librar la cárcel ante la problemática del COVID-19.

Su defensa describió la extensión de la pandemia entre prisioneros, así como el caso positivo de un alguacil de DC, los 67 presos en cuarentena, 21 mil contagios y 267 muertes en todo EEUU.

Pero el tribunal no podía reconsiderar un asunto preliminar que superaba sus facultades y no se presentaron causas de fondo. Tampoco explicaron condiciones que la hacían propensa al contagio y, en todo caso, cómo se protegería si fuera liberada en una comunidad expuesta. Además, se habían tomado medidas en la cárcel. Por todo ello se negó la moción.

Poco más de una semana después, el gobierno de EEUU indicó que designaría el caso como complejo. Los abogados reviraron que las evidencias eran débiles en cuanto a notificaciones y el aviso de bloqueo había sido antes de su designación en la OFAC y ahora cambiaban de estrategia para excluir el tiempo con información clasificada, además de documentos que serían traducidos del español, cuando primero plantearon menos de 300 fojas.

Las escuchas telefónicas, recién recibidas del gobierno mexicano, serían evaluadas y producirían más de 47 mil páginas. Sí habían adelantado que esperaban resultados del convenio de asistencia legal mutua y, al contar con ello, el caso cobró otra relevancia que incluiría a más personas, vendría todo un proceso diplomático y, encima, la pandemia.

Todo fue una sorpresa para la defensa, pues los interrogatorios serían cortos. Para la acusada fue minimizado el riesgo de COVID-19 y luego sí era importante. También se había anticipado que la solicitud a México sería limitada y específica.

Hubo presentaciones de plazos, cronogramas para entregar descubrimientos, estados de búsqueda y el juicio rápido fue planeado hasta diciembre de 2020. Se aceptó que llegaran más pruebas con una oficial a cargo de supervisarlas, siempre que se informara para alistarse a ellas.

Otras agencias fueron contactadas y Oseguera González solicitó informes sobre el castigo al que estaría condenada de resultar culpable. Insistía en que debía enfrentar el proceso fuera de la cárcel.

Para el 13 de julio presentó la primera de sus mociones para que se desestimaran los cinco cargos por falta de especificidad. Indicó que las acusaciones se adscribían a ambigüedades, generalidades y posibles interpretaciones.

Luego vinieron más recursos para eliminar las imputaciones por violaciones al debido proceso debido a falta de avisos formales sobre violaciones a la Ley Kingpin. También alegó excedentes de acusación, duplicidad y vaguedad, además de excluir testigos antes y durante el juicio porque, supuso, fueron entrevistados conjuntamente.

Igual pidió tener pruebas para poder suprimirlas, como cateos, comunicaciones intervenidas, monitoreos o declaraciones grabadas. Ese día envió una docena de solicitudes.

Los fiscales reviraron y añadieron el vínculo con una inmobiliaria como prueba intrínseca que fue sancionada un mes antes. Fueron más específicos en lo que tenían sustentado en cada una de las acusaciones. Revelaron el registro y la gestión del demandado de un sitio web para BRIC Inmobiliaria, una empresa de bienes raíces con sede en Jalisco.

Adicionalmente, indicaron que Oseguera González era dueña de la mitad de J&P Advertising; poseía el 20% de JJGON; al complejo vacacionista de Flores Cabañas le cambió el nombre por la Loma; Mizu Sushi Lounge pasó a llamarse Kenzo Sushi, pero no cambió su logotipo, número de teléfono, chefs, ni menú.

Las dos primeras entidades fueron disueltas luego de ser designadas por la OFAC. Mientras que la empresa de alojamiento web informó sobre sanciones del Departamento del Tesoro y, al identificar a BRIC Inmobiliaria con una llamada de 26 minutos desde el teléfono de la hija del Mencho, la excluyeron para que las demás se mantuvieran con el mismo servicio en línea.

Después, los registros del dominio se desactivaron nuevamente y para el resto de empresas fueron prohibidas. Finalmente argumentaron que el gobierno no debía especificar, sino bastaba en avisar que su conducta fue ilegal. Aún se declaraba inocente, mientras sus mociones volvían a ser denegadas.

Vinieron más recursos para desestimar cargos porque los delitos no fueron en EEUU y ella debía comparecer en California, pues ahí fue asegurada por autoridades migratorias, quienes ya debían estar al tanto de la orden de arresto. Por ello presumían una coordinación para que cayera en Columbia. Los agentes de la DEA respondieron que no fueron notificados, sino horas después del ingreso.

Se agregó la intercepción a una llamada de uno de los administradores del negocio sancionado y hasta el 2 de septiembre de 2020 se acumulaban 46 mil páginas de descubrimientos. Si se le asociaba al CJNG era para darle contexto al jurado, según los fiscales. Ella volvió a pedir identificación de testigos y a finales de octubre se le negaron otras mociones.

Para el 3 de noviembre de 2020 se introdujeron versiones preliminares que la señalaban en nexos directos con el CJNG. En una de las cabañas de la entidad designada se reunió para recibir registros de drogas y discutirlo con otros narcos, según el informante.

Los abogados dijeron que su representada viajó ocho veces a EEUU después de que se incluyera a las empresas en la lista negra y no hubo arresto, pero la persecución se intensificó ante su negativa de cooperar. Después, las autoridades norteamericanas recibieron más de 100 llamadas grabadas de sus homólogos mexicanos.

Incluso, se reconoció que personal de la embajada estadounidense había cenado en Kenzo Sushi e hicieron una compra de mil 390 pesos el 7 de noviembre de 2016. Esto último quería utilizarse como vínculo con empresas prohibidas por agentes del mismo gobierno.

Pero se alegó que ese local había cambiado de nombre tras su primera designación y aún no era reconocido con la nueva identidad. Además, las acusaciones contra la dueña eran más graves y no se tenían respaldos para identificar que los clientes fueron empleados estadounidenses.

Se reprogramó el juicio al 21 de diciembre, pues previeron 11 testigos que viajarían desde fuera de Washington DC; mientras la defensa quería llamar a dos agentes federales. Estos últimos señalaron que no querían evidencias adicionales, pues intentaban ligar a su representada directamente con el narcotráfico, de lo cual no estaba acusada y podría malinterpretarse por el jurado al difamarla.

Jessica Johanna Oseguera González manifestó que el proceso tendría que resolverse lo más pronto posible. Todo, acompañado de que el gobierno se apresurara a producir sus descubrimientos para poder ser analizados. Hasta el 12 de noviembre sumaban más de 60 mil páginas de evidencias. Luego, se reforzaron fechas de reuniones con narcos del CJNG para 2011 y 2014.

El caso se fue extendiendo hasta marzo 2021, hubo otra moción más para desestimar cargos, se negaron otras peticiones y fue admitida la introducción de BRIC Inmobiliaria. A su vez, la jueza opinó que no había venganzas, los agentes de la DEA eran cuidadosos y buscaban mejores resultados al pedir la colaboración.

Con el arribo de la abogada Yasmin Perez Ortiz en la defensa, todo cambió. Se cumplía un año de la detención, continuaron recursos para excluir pruebas antes del juicio y, por otra parte, exigían que se admitieran declaraciones de un informante confidencial. Reiteraba que no debía hablarse de cárteles, pues no estaba acusada por drogas o lavado de dinero.

De manera sorpresiva, para el 9 de marzo del año pasado, se reveló que se anulara la fecha del juicio y, en cambio, se programara una audiencia de declaración de culpabilidad. Faltaban menos de dos semanas para comparecer.

Tras una férrea defensa, aceptó que podría enfrentar 10 años encerrada y el pago de 10 millones de dólares, incluso al haberse declarado responsable de los cinco cargos la pena sería de tres décadas y cinco millones de dólares y Firmó el acuerdo.

En la propuesta de hechos es indicó que Flores Cabañas operaba en Tapalpa, Jalisco, y solicitó registrarla en 2012, para cambiarle el nombre luego de entrar en la lista negra de EEUU. En 2009 registró J&P Advertising en 2009 y la solicitud al IMPI expiró en abril del año pasado.

En tanto, JJGON, basada en la agricultura, fue creada en mayo de 2011 y disuelta en febrero de 2016. El registro para Mizu Sushi Lounge vence el próximo 18 de mayo en el IMPI, lo que ya pasó el pasado 17 de febrero reciente con la marca en copropiedad de Tequila Onze Black.

Todas las mociones pendientes fueron negadas por acordar su responsabilidad y la fiscalía sugirió una condena de 51 meses. Sin embargo, la defensa jugaría la última carta con una petición de sentencia por tiempo cumplido.

Los abogados argumentaron que Jessica Johanna Oseguera González debía quedar libre, porque ya había estado tras las rejas lo suficiente, padeciendo estrés, arrepentida, culpándose por malas decisiones que la alejaron de sus hijos. Indicaron que los menores ansiaban estar con su madre, pues el rompimiento de la relación con el yerno del Mencho se debió, en parte, al abuso verbal que este ejercía.

Su hermana, hijo, madre, tías, tíos, sobrinos, amigos, ahijado, un ganadero, su dentista, el entrenador de fútbol, excompañeras de equipo, un párroco, un carnicero, clientes y su conocida en clases de cocina, enviaron cartas para convencer a la autoridad judicial y otorgara la libertad inmediata.

El 28 de mayo, EEUU presentó su memorando de sentencia donde insistió en los 51 meses de prisión y que la acusada evadió las sanciones, pues siguió operando, pese a ser clasificada por la OFAC. También apeló a su apoyo al CJNG.

En las empresas tomaba decisiones, verificaba arreglos y recibía información de talones de pagos. Mencionó al testigo que había presenciado la reunión con el Mencho y que las ganancias de Kenzo Sushi, de diciembre de 2015 a febrero de 2018, sumaron más de 30 millones de pesos, equivalentes a 1.5 millones de dólares. La defensa respondió que eso no contemplaba pérdidas.

Aún con la declaración de culpabilidad, el conflicto no terminó. El 2 de junio, tras revelarse detalles en la petición del gobierno, la acusada respondió que aceptaba plenamente la designación por beneficio al CJNG con las empresas que encabezaba. Además, rechazó encuentros con su padre.

Una semana después, la Comisión de Sentencias de EEUU analizó casos semejantes al de Oseguera González y determinó variaciones de los 14 a 27 meses. Finalmente, el 11 de junio, la condena fue de 30 meses, contemplando desde el 26 de febrero de 2020.

Qué sigue para la hija del Mencho

Jessica Johanna Oseguera González fue trasladada a la Institución Correccional Federal de Dublin, una prisión federal de baja seguridad en California. Después de quedar en libertad será supervisada durante dos años. La fecha de salida está prevista para el próximo 13 de abril de este 2022.

Cada mes y 30 días después de quedar libre, deberá pagar mil dólares durante 20 meses, hasta saldar la multa impuesta. Conseguirá un empleo de tiempo completo, equivalentes a 30 horas semanales en un trabajo legal; si cambia, también tendrá que notificarlo.

Se presentará al distrito judicial en que fue autorizada su residencia dentro de las 72 horas después de ser liberada, para recibir las instrucciones pertinentes. Para salir de la demarcación necesita permisos de las autoridades. Al menos 30 días antes de cambiar de residencia debe notificarlo al fiscal.

No debe cometer ilícitos federales ni locales ni poseer o usar ilegalmente cualquier sustancia controlada. Además, debe cooperar en la recolección de ADN, según lo indique el oficial de libertad condicional. Tendrá que ser honesta ante preguntas del oficial supervisor y vivirá en un sitio aprobado por este último, quien podría visitarlo en cualquier momento y hacer sugerencias que serán atendidas.

En caso de que llegue a ser arrestada, igual deberá avisar en un plazo de 72 horas. Quedan prohibidas para ella todas las armas, municiones o dispositivos destructivos. Si quisiera llegar a un acuerdo con informante, tendrá que tener autorización de la corte. Y si fuera un riesgo para alguien más, esa persona será advertida.

Al momento de obtener la libertad, su hijo ya rondará los 14 años y su pequeña estará por cursar la primaria. Su madre seguirá en procesos judiciales por supuestos nexos en el CJNG, tras su detención en noviembre del año pasado; mientras que el asunto del Menchito aún no se resuelve.

Y su hermana, Laisha Michelle, es buscada por haber orquestado el secuestro de agentes de la Marina que después fueron localizados con vida. La represalia fue por el arresto de Rosalinda González Valencia. Mientras tanto, el Mencho sigue siendo uno de los más buscados en México y EEUU.

Después de que salga, Jessica Johanna Oseguera González podrá hablar más seguido en español con sus familiares, resolver su problema de tiroides y pasearse por las calles y los campos o cualquier otro lugar, además de ir a misa. A diferencia de las 23 horas que pasaba encerrada al día, cuando no le quedaba sino hablar a solas con las fotografías. Tendrá la segunda oportunidad que pidió para comenzar de nuevo.

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