En los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se registraron 102,872 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un aumento de 81% respecto al primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, indicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, las cifras podrían ser mayores debido a los subregistros que no contemplan las autoridades federales, advirtió la organización Causa en Común en su informe “Un país sin denuncia… Y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”.
Cuando los ciudadanos no presentan una denuncia por los delitos de los que fueron víctimas, es cuando se habla de un “subregistro”, de manera que los informes oficiales podrían indicar un progreso en el combate a la delincuencia, cuando, en realidad, dicho “avance” se debe a que gran parte de los delitos no se reportan.
Tan solo durante el 2020, el 93.3% de los delitos no se denunciaron o las Fiscalías no iniciaron una investigación al respecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021). Estos subregistros se dan, principalmente, en los delitos de: feminicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a transeúnte con violencia y violencia familiar.
Lo anterior se debe, en parte, a que la pandemia por COVID-19 “inhibió” que se presentaran las denuncias correspondientes, por lo que existen ciertas anomalías que Causa en Común detectó en los informes oficiales de las fiscalías estatales y del SESNSP. Estas anomalías podrían responder a una posible manipulación por parte de las fiscalías al clasificar los delitos en otras categorías que no corresponden.
De esta manera, la reducción en el índice delictivo contrasta con las encuestas de victimización, de modo que los altos índices de homicidio doloso o los delitos de alto impacto no concuerdan con los registros oficiales. Aunque cabe señalar que, en algunos casos, esta drástica reducción en los registros delictivos sí responde a una disminución real en los delitos cometidos, advirtió la organización.
Entre las anomalías que Causa en Común detectó se encuentra que las fiscalías de Coahuila, Tabasco y Sinaloa probablemente hayan manipulado las cifras de homicidio doloso al clasificarlo dentro de la categoría de homicidios culposos durante 2020, lo que implica que se haya reportado una disminución en el primer delito pero un aumento en el segundo.
En Coahuila, por ejemplo, las cifras de víctimas de homicidio doloso disminuyeron 55% de 2020 a 2021, pero se reportó un incremento en el homicidio culposo de 140%. En Tabasco, hubo una disminución de 25% en el primer delito y un aumento de 41% en el segundo. Y en Sinaloa también se registró una disminución de 25% en el primero y un incremento de 12% en el segundo.
Respecto a los feminicidios, hay cuatro estados en los que las cifras oficiales no concuerdan con la información de medios locales. Tal es el caso de Tamaulipas, donde se registraron cuatro víctimas de feminicidio en 2021, lo que representa una caída de 67% respecto a 2020. Sin embargo, Causa en Común detectó al menos 12 casos de “asesinato con violencia extrema contra las mujeres” en dicha entidad.
Lo mismo sucede con Tlaxcala, donde en 2021 se reportaron 10 víctimas de feminicidio, pero de acuerdo con el informe de atrocidades de esta ONG, se cometieron al menos 12 casos de asesinato de mujeres con crueldad extrema. En algunos casos, como en Nayarit, la disminución de feminicidios responde a que dichos delitos son clasificados como “violencia familiar”.
En cuanto a la trata de personas, dos estados reportaron una disminución de 100% entre 2020 y 2021: Durango y Guanajuato. Sin embargo, Causa en Común documentó que en Guanajuato se registraron al menos seis eventos relacionados con trata o esclavitud en 2020 y uno en 2021.
De esta manera, las cifras en los otros delitos como secuestro, extorsión, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo sucede lo mismo: los reportes oficiales (en algunos casos) no concuerdan con los altos niveles de criminalidad a lo largo del país, ya sea porque las víctimas no presentaron una denuncia o porque dichos delitos fueron tipificados en otras categorías.
Por lo anterior, la organización recomendó que se debería promover la denuncia a través de campañas permanentes, así como brindar seguimiento y apoyo para las personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres y niños. Además de realizar análisis más exhaustivos para tener cifras más cercanas a la realidad y, a partir de ahí, implementar políticas públicas en materia de seguridad.
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