Burocracia judicial: el tormento de la falta de perspectiva de género, sustracción de menores y Ley Sabina

Nuestro país tiene una herida social heredada por la burocracia judicial, que puede tardar más de 5 años en resolver un asunto. Cuando se trata de niñas y niños que no pueden ver a sus madres, ese tiempo es una eternidad. El problema es grave: según el Índice Global de Impunidad, nuestro país reporta dos jueces por cada 100.000 habitantes frente a un promedio internacional de países que pertenecen a la OCDE de 17, lo que se traduce en una larga lista de casos acumulados sin capacidad humana posible de atender con la inmediatez pronta y expedita que ordena la ley.

La burocracia judicial provoca falta de justicia y existe como un sentimiento de desconfianza en la conciencia social. Por falta de justicia podemos entender no solo todo aquello que se considera injusto, como los fallos arbitrarios, antijurídicos o ilegales, sino también la demora inmotivada e injustificada en resolver un asunto, una verdadera denegación de justicia.

Entre los caminos complejos para acceder a la justicia, el sendero de corrupción influye en que la burocracia judicial no sea tan distinta a la burocracia administrativa; de hecho, el temor a la justicia o, mejor dicho, al litigio, es más frecuente en las personas honestas que en aquellas que poco tienen que perder, y que hasta pueden tener sorpresas gratas en los pleitos.

Hoy es necesario reconocer que el actuar de decenas de jueces y magistrados es totalmente contrario a los principios de la cuarta transformación, que inclusive, los obstaculiza y niega los derechos a las personas que menos tienen. El mandato desde la Presidencia de la República ha sido el de proteger a las infancias y promover la familia: son millones de becas para estudiantes, el programa jóvenes construyendo el futuro para continuar con el crecimiento, nada es más importante para este gobierno que el desarrollo de los niños y las niñas. Ellos son los grandes beneficiarios de la cuarta transformación pues todos los programas sociales tienen al final el objetivo de beneficiar a las familias más vulnerables y olvidadas, y que esto se traduzca en beneficio para el futuro del país.

Cuando un juez actúa sin perspectiva de género, o en perjuicio de las infancias, los programas no alcanzan a sanar el daño que generan. Sostengo que no existe una razón justificable para que un juzgador corrupto o discriminatorio permanezca dentro del sistema de impartición de justicia en nuestro país pues cuando una autoridad actúa de forma déspota o prepotente, no existe razón alguna ni lugar para que éste siga dentro del servicio público.

Hace un par de días, la presidenta del Senado y ex ministra de la Corte, senadora Olga Sánchez Cordero, recibió a diversos colectivos de mujeres para escuchar sus planteamientos en relación con la sustracción ilegal de menores, el tema de deudores alimentarios y la corrupción de jueces en nuestro país; hemos decidido tomar sus justas demandas como nuestras, poner por delante en todo momento como lo hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a las infancias como una prioridad. Conscientes de la urgencia para lograr reformas y adecuación de algunas leyes en beneficio de los niños y niñas del país, buscaremos que los jueces actúen con perspectiva de género anteponiendo el interés superior de los menores como primera instancia.

Esta columna va por las niñas Miranda y Luciana N. hijas de Daniela N. de cuyo expediente tuvo conocimiento el Juez Carlos Rodríguez en la CDMX; a los niños Leonel y Elena N., hijos de Celia N. cuyo caso esta en Ecatepec, en un expediente plagado de inconsistencias; al niño Alejandro N. hijo de Maricela N. mismo que fue sustraído de forma ilegal por su propio padre, igual que las niñas Daniela y Mariana N. hijas de Paola N. en la CDMX; también el niño Damián N. quien fue separado de su madre Graciela N. y de su hermano gemelo, los niños Sophia y Matteo N. separados de su madre Jennifer Seifert después de que ella demandó la pensión alimentaria; va también por Mayte N. que ni siquiera sabe el paradero de sus tres hijos.

El caso que me ha sorprendido es el caso de la niña Camila, difundido en diversos medios de comunicación, en el que padre contrajo matrimonio en el año 2019 con una persona sin capacidad de gestar, por lo que decidió sustraer a su menor hija Camila de forma ilegal, sin notificar a ninguna autoridad, ni a la madre de la niña, cambiando de domicilio cuando menos en dos ocasiones e impidiendo las convivencias entre la madre y la niña. Un caso en el que existía un convenio entre las partes que impedía al padre viviera con una nueva pareja en compañía de su menor hija. Al igual que los otros casos de violencia contra niñas, los padres buscan tener la guarda y custodia de los menores para evitar pagar pensión alimenticia.

Camila fue inscrita en una escuela que se encuentra a dos calles de la casa de la actual esposa del padre mientras que la Juez Noveno de lo familiar María Josefa Franco en la Ciudad de México, tiene conocimiento de lo que ha ocurrido en el expediente, sin embargo, ha violentado dolosamente a la madre modificando el régimen de convivencias a favor del padre y obligando a la menor a convivir las 24 horas del día los siete días de la semana con la nueva esposa del padre mientras que su madre solo puede verla por ocho horas al mes.

Contrario a reforzar el vínculo materno, la juez le ha impedido a la madre asistir a los eventos como el día de las madres, Navidad, Año Nuevo y hasta festividades como la primera comunión de la niña. En dos ocasiones la juez ha amenazado a la madre con imponerle una multa de 15 mil pesos por brindar entrevistas mientras que la juez y el padre, en contubernio, han intentado hacer ver a la madre y a su familia como personas violentas, con el objetivo de dejar la guarda y custodia en manos del padre, sin importar que este la sustrajo de forma ilegal y violenta. Para este caso en específico y para otros más, hemos solicitado una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México.

Por ley, deben ser destituidos del cargo todos los funcionarios que actúan fuera del marco de la justicia; la madre de Camila me presentó un audio donde ella acompañada de otra persona acudieron a pedirle una explicación a la Juez Noveno de lo familiar sobre su actuar, sin embargo, la juez optó por una minuta que no tiene ninguna relación con lo que los audios de dicha conversación contienen. Respetuosamente, yo le preguntaría yo a la ciudadana María Josefa Franco ¿que haría si de forma ilegal fuera separada de uno de sus hijos? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Cómo se conduciría cuando un juzgador está de parte del hombre que la violentó? Ni las amistades ni haber estudiado en la misma aula que una de las partes brinda derecho a tal nivel de imprudencia ejerciendo el poder de juzgador.

Esto mismo ocurre con cientos de niños hay en nuestro país, que no reciben una pensión alimenticia, miles de casos donde los padres niegan las obligaciones con sus hijos, haciendo urgente la ley Sabina que implica que la autoridad imponga medidas restrictivas para padres que incumplen con las obligaciones de las infancias. Aunque muchos de los programas sociales del actual gobierno ayudan a estos menores a no quedarse en el desamparo, esta es una obligación de sus padres y principalmente, de los padres migrantes que justamente viajan a Estados Unidos y dejan de enviar recursos para sus hijos. En la política exterior más feminista de la historia se debe de imponer el derecho de las infancias y madres por encima de cualquier cosa.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

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