Tras aprobarse en el Senado de la República un dictamen con proyecto de decreto para que los funcionarios puedan promover la consulta de Revocación de Mandato, la bancada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como el Grupo Plural, informaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del denominado “decretazo”.
A través de un comunicado, los integrantes del bloque opositor también anunciaron que presentarán la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control del la Cámara Alta por la ausencia de excusarse de conocer y votar un asunto del cual esperan derivar un beneficio personal en el procedimiento sancionador al cual están sujetos por hacer propaganda gubernamental en el periodo prohibido por la Constitución.
Y es que de acuerdo con el grupo opositor, el pasado jueves 17 de marzo la mayoría en el Senado avaló el dictamen que pretende hacer una interpretación de diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
El motivo principal, indicó, es que no se consideren como propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios públicos, y lograr así que legisladores, gobernadores y demás servidores, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puedan promover la consulta.
Según el bloque, el espíritu del dictamen, aprobado ya por ambas Cámaras y publicado en el Diario Oficial de la Federación, resulta en un fraude a la Ley Suprema, ya que tiene la finalidad de dejar sin materia los procesos judiciales derivados de las violaciones cometidas por Morena; además de que “incurre en un importante error en la lectura de las mismas leyes que busca interpretar.
Asimismo, las bancadas detectaron un error en el dictamen aprobado, pues detallaron que se avaló una interpretación en los incisos sobre un texto no reformado.
Sobre esto, explicaron que el error no fue advertido por los iniciantes de la propuesta, quienes “debido a la premura por modificar el texto”, lo hicieron sobre uno no reformado, y como resultado, el decreto en su artículo primero sobre la interpretación de la figura de propaganda gubernamental cita erróneamente el inciso b (violencia política de género) en vez del inciso C (propaganda gubernamental).
Mientras que en el segundo artículo del decreto sobre la interpretación del principio de imparcialidad se indica de manera errónea el inciso C sobre propaganda gubernamental, en vez del inciso D, que refiere al principio de imparcialidad.
“Esto no es un error menor; no se trata de una confusión que pueda ser sujeta a cambios a posteriori, tampoco sería posible resolverlo con una fe de erratas o una aclaración”
El bloque sostuvo que dio a conocer este error, sin embargo, “en la cerrazón del oficialismo fueron ignoradas durante el debate”.
“En virtud de la incapacidad de la mayoría de Morena para reconocer siquiera que el proyecto de Decreto contenía errores graves en la cita a las normas que no sólo aparentemente aspira a interpretar, sino busca rebasar su alcance a través de un régimen transitorio con supuestas consecuencias jurídicas, entre ellas el deber de las y los legisladores, del INE y de las dependencias del gobierno de emitir nuevas”, se lee en el texto difundido en redes sociales.
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