Gobierno de la 4T ocultó información sobre reuniones con agentes extranjeros

El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió reservar información sobre reuniones de funcionarios mexicanos con agentes extranjeros y con ello ocultó la información que si había proporcionado en un primer momento.

Hasta agosto del año pasado, las autoridades habían indicado 79 registros de encuentros con representantes de otros países en materia de seguridad, en su mayoría de Estados Unidos, según una solicitud de transparencia obtenida por Infobae México.

Pero luego de que este medio difundiera la información sobre el análisis de esos datos, decidieron corregir para clasificar lo correspondiente a los siguientes meses, que contemplan el primer año de la llamada Ley Cienfuegos; esta última trata de LINEAMIENTOS que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros, cuyas disposiciones entraron en vigor desde el 15 de enero de 2021 tras una reforma al artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

A través de la plataforma de transparencia fueron solicitadas las reuniones actualizadas del 15 de enero de 2021 al 25 de enero de 2022, con el antecedente de lo que había otorgado a este medio la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su Dirección General de Asuntos Especiales. Pero reservaron cualquier reporte que sí consignan y pretenden ocultar los próximos cinco años.

Tal como se había informado, estos intercambios mostraron atenciones sobre el flujo de migrantes, tráfico de armas y fentanilo, hasta el seguimiento de bienes incautados a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Ahora, el Comité de Transparencia de la SRE argumenta que se afectaría la relación con Estados Unidos, a los agentes extranjeros y podría alertarse a los narcos si se difundieran los encuentros sostenidos en este tema. También indicaron que afectarían el grado de confianza, buena fe y calidad diplomática con otros países.

En la primera respuesta no mencionaban salvo a las organizaciones criminales en general y el proceso de la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar montos generados por el Chapo Guzmán en su negocio criminal. Algo que las mismas autoridades habían hecho público en diversas ocasiones.

Particularmente con Estados Unidos, la dependencia sostiene que iría contra la reciprocidad internacional, porque el gobierno mexicano debe dar el mismo trato que su principal socio comercial en relación con los datos que ellos poseen, según la Executive Order 13526-Classified National Security Information, con la cual consideran clasificada información de otras naciones, además, se pondría en riesgo a informantes de las autoridades.

Esas precisiones ni siquiera fueron consideradas de manera inicial, cuando ya se sabía de las posibles afectaciones con lo argumentado recientemente. Para esto cabe destacar que las reservas también están fundamentadas en el marco del Entendimiento Bicentenario, acuerdo de cooperación en materia de seguridad binacional firmado en octubre pasado y anunciado como un adiós a la Iniciativa Mérida de gobiernos anteriores.

Además, apuntan que también dañarían y limitarían las facultades del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues podrían irrumpir el diálogo diplomático entre agentes encargados de implementar proyectos de colaboración en seguridad. Incluso, apelaron a un acuerdo de 1992 sobre el combate al narcotráfico y la farmacodependencia para evitar decisiones unilaterales.

Afectaciones a la imagen institucional y posibilidades de contravenir al Derecho Internacional, también fueron agregadas. Reiteraron que el vínculo con estadounidenses debe cuidarse por la vecindad geográfica, intercambios comerciales, connacionales, flujo de turistas, las relaciones fronterizas, de migración, medio ambiente y desarrollo social y sustentable, entre otros.

Según la reforma al artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional, todos los niveles de gobierno deben presentar un informe por escrito a la SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), tres días después del encuentro con funcionarios extranjeros acreditados, ya sea que la reunión se realice fuera de México o el país de origen del agente.

El aparato de vigilancia fue denominado Grupo de Alto Nivel de Seguridad y encabezado por Marcelo Ebrard, titular de la cancillería mexicana. En el Consejo de esa dependencia colaboran las Fuerzas Armadas y la SSyPC, pero también la Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Inteligencia, Hacienda y hasta la Secretaría de Comunicaciones.

En el documento que volvieron a proporcionar se indican 461 intercambios de comunicaciones entre llamadas telefónicas, conversaciones virtuales, reuniones presenciales, además de correos electrónicos. Hasta agosto pasado, la Dirección General de Asuntos Especiales contabilizó 59 reuniones con agentes extranjeros y recibió 20 informes de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Especialistas consultados por Infobae México al respecto de esas comunicaciones habían coincidido en que ni siquiera eran todos los encuentros, dado el nivel de intercambio entre aliados y el seguimiento en dependencias inferiores de ambos gobiernos.

Lo que hubo después no se sabrá, si procede la reserva, hasta 2027, cuando haya un nuevo gobierno distinto al de López Obrador. Mientras tanto, fue presentada una queja al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la respuesta emitida.

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