Este miércoles, el Senado de la República publicó en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen de minuta que establece que la difusión de la consulta para la Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril no es propaganda, por lo que a pesar de estar en veda electoral, su divulgación por parte de cualquier funcionario no será considerada ilegal.
Esto sucede luego de que la noche del martes 15 de marzo, las comisiones unidas del Senado avalaron el decreto de interpretación correcta, impulsado por Morena, para que todos los servidores públicos puedan promover la revocación de mandato, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
Los legisladores plantearon una nueva definición de propaganda gubernamental sin modificar el texto constitucional, a pesar del rechazo de la oposición, por lo que quedó de la siguiente manera:
" (La propaganda gubernamental es) el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”.
“No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”, advierte el texto modificado por los senadores.
Se prevé que este miércoles, el dictamen sea dispensado en primera lectura para ser puesto a debate de manera inmediata y sea aprobado en mayoría simple (75 votos) la cual tiene Morena y sus aliados.
Sin embargo se espera que la oposición presente una moción suspensiva y votos particulares para buscar frenar el llamado “decretazo”.
Y es que los legisladores de oposición han advertido que de aprobarse el dictamen de la manera en la que pretenden Morena y sus aliados, abre la puerta a la promoción de funcionarios federales, incluido el presidente de la República, y gobernadores para promocionar y llamar a participar en la Revocación de Mandato el próximo 10 de abril.
“Este dictamen supone, en más de un sentido, una invasión del Poder Legislativo en la esfera de competencias y de capacidad de interpretación que de la ley tienen tanto el Instituto Nacional Electoral como los Ople y el Tribunal Electoral. No sólo eso, también significa que la mayoría ha buscado activamente la forma de burlar la ley y de ir en contra de las disposiciones que, de forma colegiada y en consenso, buscamos cuando se promulgó la Ley de Revocación de Mandato”, advirtió la priista Claudia Ruiz Massieu en la sesión del martes 15 de marzo.
Por su parte, el panista Damián Zepeda aseguró que “es cometer un exceso y permitir una herramienta de propaganda gubernamental como son las mañaneras y decir que eso es legal. Y ahí difiero, porque sí creo que el ejercicio al cual está dirigida esta interpretación sí es un ejercicio de propaganda gubernamental”, señaló.
El lunes 14 de marzo, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en contra de Morena por la utilización electoral de programas sociales y coacción del voto en la participación de la Revocación de Mandato.
“Acudo a presentar esta denuncia en contra del partido político de Morena y de quien o quienes resulten responsables por el uso electoral de programas sociales y coacción del voto en la participación de la Revocación de Mandato y demás entidades federativas en las que se llevarán a cabo procesos electorales este año”, señala la demanda.
De acuerdo con López Rabadán, la campaña se ha evidenciado en la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales, como son las pensiones de adultos mayores, becas a jóvenes y niños, los apoyos a mujeres y al campo, “e inclusive coacciona el voto a efecto de que el Metro pueda seguir con una tarifa de cinco pesos o para que sigan aplicándose las vacunas”, añadió la legisladora en la denuncia.
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