Qué es la Ley Fátima, formulada con base en el feminicidio de una niña de 7 años en 2020

La Ley Fátima establece la obligatoriedad de capacitación con perspectiva de género de las y los servidores públicos en todos los niveles de gobierno, especialmente en la atención de denuncias

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Ley Fátima fue turnada al Senado para aprobarse (Foto: Reuters / Edgard Garrido)
Ley Fátima fue turnada al Senado para aprobarse (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

El 8 de marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Fátima, misma que promueve la capacitación, adiestramiento y sensibilidad de las y los servidores públicos ante las denuncias por violencia en materia de género. Esto con la finalidad de evitar que se revictimice a la víctima, ahora, Movimiento Ciudadano insiste en que dicha iniciativa sea ratificada en el Senado de la República.

Con una votación unánime de 449 expresiones a favor, las y los diputados reunidos en el pleno de la Cámara aprobaron la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que permitirá visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan niñas y mujeres de todo México en el momento de tener que ser atendidas por funcionarios sensibilizados en materia de género.

Específicamente, se hará una adición al primer párrafo del Artículo 7 de dicha ley, en la que se advierte que una de las problemáticas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia es es ser revictimizada por los servidores públicos al momento de levantar su denuncia y que esta mala praxis nulifica la correcta enunciación y visibilización de hechos de esta naturaleza.

Las autoridades capitalinas contaban con información suficiente para actuar en favor de la menor, pero no ocurrió (Foto: Reuters / Henry Romero)
Las autoridades capitalinas contaban con información suficiente para actuar en favor de la menor, pero no ocurrió (Foto: Reuters / Henry Romero)

En consecuencia, se entiende que la formación de bases de datos y estadísticas de la violencia ejercida contra las mujeres está viciada, pues la mala documentación de estos hechos otorga datos erróneos, mismos que han sido interpretados por el Estado para posteriormente atenderlos.

Esta iniciativa lleva el nombre de Fátima en referencia a Fátima Cecilia, una niña de 7 años que fue reportada como desaparecida el 11 de febrero de 2020 al salir de su primaria en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Posteriormente, el 15 de ese mes, fue hallada sin vida en la alcaldía Tláhuac. Ante esto, se inició la creación de una ley que impidiera que esto pudiera volver a ocurrir, pues las autoridades locales ya tenían conocimiento del entorno de violencia al que la víctima estaba siendo sometida.

Al respecto, Ana Katiria Suárez Castro, abogada del caso Fátima, enumeró las inconsistencias por parte de las autoridades, pues cuando se denunciaron los hechos, éstas actuaron sin perspectiva de género, lo cual permitió al agresor proceder de manera más violenta contra la menor.

La pequeña Fátima y su hermano eran víctimas de abuso sexual (Foto: Reuters / Henry Romero)
La pequeña Fátima y su hermano eran víctimas de abuso sexual (Foto: Reuters / Henry Romero)

1.- Antes de la desaparición, la familia había solicitado al DIF que acudiera a la casa de Fátima por las violaciones de las que era víctima el hermano. El llamado fue para prevenir los ataques a su hermano y a ella. El DIF sabía la ayuda que habían solicitado, pero no hizo nada.

2.- Después de su desaparición las autoridades pidieron 72 hrs para comenzar a buscar, no consideraron la edad de la menor de 7 años.

3.- En la FGR y la Fiscalía de CDMX no hubo ejercicio de la acción penal contra los trabajadores de la escuela por falta de elementos.

Fue por ese motivo que en el momento de legislar, se pidió que esta reforma tenga un ámbito vinculante para protección de las mujeres sin importar su edad. Asimismo, se subrayó que esta ley necesita fomentar la sensibilidad de servidores públicos ante este tema.

La abogada también señaló que este caso y su lenta aprobación debe evidenciar el tema de violencia de género, además de esta aprobación exigió que se eleve a ley que, ante cualquier indicio de agresión, se vincule a proceso de feminicidio por tener un antecedente de violencia.

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