La ola de violencia sigue azotando a Tijuana, donde se han acumulado al menos siete personas ejecutadas en menos de 24 horas en diversos hechos con cuerpos abandonados dentro de una camioneta o cadáveres localizados en una casa hechiza, así como asesinatos a plena calle.
Desde la tarde de este 11 de marzo y durante la mañana del sábado 12 se han reportado dos triples homicidios, mientras autoridades estatales no registran detenciones y la gobernadora Marina del Pilar se reúne con sus homólogos morenistas en la llamada Mesa Pacífico de Seguridad. Hasta la fecha se han rebasado 300 homicidios dolosos en la entidad en el periodo de 2022.
En la colonia Granjas Familiares, sicarios irrumpieron en una casa hechiza, a la altura de la calle Francisco Villa, donde acribillaron a dos hombres y una mujer. Las personas en presunta situación de calle fueron atacadas el reciente viernes en el domicilio ubicado en un barranco.
Uno de los hombres recibió disparos en la cabeza y espalda, al arribo de los paramédicos solo confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Llegaron el Ejército y la policía municipal, pero solo encontraron los cadáveres ensangrentados y siete casquillos percutidos de arma corta. Los atacantes huyeron a pie.
La inseguridad ya se agudizaba, pues horas más tarde fue atacado un menor en la misma ciudad fronteriza cuando se encontraba a las afueras de su domicilio, aunque lograron llevarlo al hospital, las lesiones en el cráneo resultaron mortales, según medios locales.
Alrededor de las 05:50 horas de este 12 de marzo, agentes que patrullaban sobre la vía Tecate-Tijuana, observaron una camioneta Chevrolet tipo Blazer color azul marino con luces intermitentes encendidas. A su arribo, los agentes municipales inspeccionaron el lugar y notaron tres cadáveres en la cajuela.
El vehículo con placas de Guerrero se encontraba estacionado a la altura del monumento al Borrego Cimarrón con dirección al bulevar Alberto Limón Padilla, cerca del entronque de la zona. Los cuerpos tenían una narcomanta que los acusaba de dedicarse al secuestro de migrantes y presentaban huellas de violencia y manchas de sangre.
Baja California enfrenta una ola de violencia prolongada que la ubica como el segundo estado a nivel nacional con más asesinatos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde diciembre de 2018 y hasta octubre de 2021, el estado registró 7,741 homicidios dolosos. El entonces gobernador de Morena, Jaime Bonilla, admitió en julio del año pasado que esos índices aumentaron por la lucha de cárteles, tanto aquellos que están arraigados, como los que incursionaron en los últimos años.
Aquella vez hizo énfasis en el problema que enfrenta Tijuana, catalogada como la segunda ciudad más violenta del mundo. Y aunque la narcoguerra no se inauguró con él, tampoco pudo contenerla, pese a presumir coordinación entre Ejército, Guardia Nacional, Marina, policías e instancias ministeriales.
Marina del Pilar no ha negado que la situación sea mejor, pues al final recibió al estado de manos de un miembro de su partido. Ha prometido que combatirá la inseguridad con el respaldo del presidente, sin apuntar que aún con ese apoyo, Baja California enfrenta las mismas condiciones de narcoguerra.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de septiembre pasado, la percepción de inseguridad aumentó cuatro puntos en Baja California de 2019 a 2020.
El 68% de los habitantes no se sentían protegidos en su ciudad, colonia ni calles, durante el gobierno de Jaime Bonilla. La inseguridad fue la principal preocupación entre bajacalifornianos, donde solo 10% de los delitos se denuncian y el 89.8% representan una cifra negra, porque nunca fueron consignados ante la autoridad.
De los 17,074 efectivos en seguridad en el estado, solo 14 mil 496 son operativos. El primer total lo conforman 4,503 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 1,194 de marina, 2,119 de la Guardia Nacional; así como 1,862 de Fuerzas Estatales y 7,396 Policías Municipales.
Los agentes encargados de resguardar el orden y que dependen de Marina del Pilar son 1,484; mientras que de los municipios hay 5,945 uniformados; el personal de campo de la Sedena es de 4,025; Marina, 955; y Guardia Nacional, 1,907 uniformados. Estos últimos son los que suman casi 14 mil 500 combatientes en la narcoguerra.
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