El sábado 5 de marzo, el Estadio Corregidora fue sede de una tragedia que marcó la historia del fútbol mexicano con sangre, pues durante el partido Querétaro - Atlas, una turba de fanáticos de los Gallos Blancos, al ver que su equipo perdía 1 - 0 ante la escuadra de Jalisco, comenzó a atacar a los hinchas del equipo rival.
La violencia fue innegable, las redes sociales se llenaron de videos en los que se ven los cuerpos inertes de numerosos aficionados que, a causa de los golpes, perdieron el conocimiento y motricidad; asimismo, había otros que estaban desnudos y con moretones evidentes, mientras que mujeres y niños corrían lo más rápido que podían para salir del recinto deportivo.
En consecuencia, autoridades locales, federales y de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) pusieron manos en la obra para evitar la impunidad de los actos violentos y, al mismo tiempo, planearon una agenda que tiene como objetivo prevenir conatos de violencia en las justas deportivas.
Respecto al quehacer de la Cámara de Diputados, éste organismo legislativo establecerá una mesa de trabajo con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Liga MX y los dueños de los equipos de fútbol en la que se replantearán las dinámicas al interior de los estadios durante los partidos.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro, explicó en qué consistirán los diálogos que se establecerán con las autoridades de este deporte, así como el quehacer que corresponderá a las autoridades en cuanto a la planeación, ejecución, seguridad y demás aspectos en el momento que se realicen los juegos entre los equipos de la Liga.
A través de un exhorto, todas las fuerzas parlamentarias de la Cámara Baja acordaron hacer un llamado a las autoridades del fútbol en México, en donde se deberán de resolver diferentes problemáticas de logística.
“Creo que en México nos hemos equivocado en una cosa: hemos dejado que la industria del fútbol se desarrolle como una especie de autogobierno”
Consideró como algo negativo que los intereses privados en el deporte sean los responsables de gestionarlo en toda la república: de cómo se dan los eventos masivos deportivos, cómo se da el acceso a los estadios, cómo se da la relación con las aficiones y que sean ellos los que determinen si existen barras o no, si hay credencialización o no, cuáles son las condiciones y los protocolos de seguridad dentro de los estadios.
Bajo esa óptica, señaló como un error de los tres niveles de gobierno dejar la coordinación del fútbol en los privados en aras de proteger el interés comercial de los equipos. Y aunque señaló que proteger los intereses económicos está bien, no se pueden descuidar los otros aspectos que involucran a la ciudadanía que va en calidad de espectador a los partidos.
Asimismo, sostuvo que hay un interés general por parte del Estado mexicano en que haya paz social para que los aficionados se sientan en condiciones seguras y que el deporte se desarrolle en las mejores condiciones, en virtud de evitar que se repitan los hechos violentos del Estadio Corregidora.
“No puede ser que la seguridad de la gente, de miles de personas que asisten a los estadios estén compañías de seguridad privada, que le pagan 300 pesos a las personas que reclutan uno o dos días antes de los eventos deportivos”
Señaló que es inaceptable que las autoridades no conozcan a las personas detrás de los grupos violentos y las barras de aficionados ya que, a partir de este desconocimiento, es donde se materializan las circunstancias de inseguridad en los eventos que deben de ser preponderantemente familiares.
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