La Cámara de Diputados, con una votación unánime de 471 votos a favor, aprobaron una reforma para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) integre en sus planes de estudio el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, con el fin de que la educación tenga una perspectiva de género.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pleno reunido en Sán Lázaro determinó un dictamen que adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, mismo que fue devuelto al Senado de la República para su ratificación.
El artículo 458 de dicha ley establece que es tarea de la SEP definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres. En su fracción XII se estipula que la SEP debe eliminar de los programas educativos aquellos materiales que hagan apología a la violencia, reproduzcan estereotipos de discriminación y fomenten la desigualdad entre hombres y mujeres.
El dictamen tiene como objeto establecer que la SEP deberá contribuir a garantizar el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia. Asimismo, con dicho dictamen se busca que la educación en México, además de tener un enfoque con perspectiva de género, también se incluyan otros ejes como la prevención, integración y desarrollo social, así como la equidad de género.
De acuerdo a la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julia Kristal Vences, con esto se pretende atender la causa de la violencia contra las mujeres “desde la raíz”, por lo que la participación de las entidades educativas resulta primordial para lograr un avance en dicha materia.
Bajo el argumento de que la educación juega un papel fundamental en el cambio de perspectiva de ciertos estereotipos y roles sociales que culturalmente han sido identificados como propios de las mujeres, es como se dio luz verde para que la discriminación y violencia hacia las mujeres sea erradicado desde el ámbito educativo.
“La educación tiene un profundo sentido transformador. Es el pilar que sostendrá a las siguientes generaciones”, comentó la diputada Kristal Vences. Y recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer ha recomendado que los países deben integrar programas de educación que ayuden a erradicar las prácticas estructurales que menoscaben los derechos de las mujeres.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 1.8 millones de menores de edad presentaban rezago educativo en el año 2020. Además, cerca de 75.5% de las mujeres de entre 5 y 17 años se dedicaban a realizar actividades domésticas.
En cuanto a la violencia hacia las mujeres, en 2021 se registraron 107 feminicidios de mujeres que tenían entre 0 y 17 años, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), mientras que en enero de 2022 se contabilizaron 5 feminicidios de mujeres de ese mismo rango de edad.
Asimismo, en 2021, 92.9% de las mujeres que sufrieron de violencia sexual tenía, de igual manera, entre 0 y 17 años, señaló la Secretaria de Salud. De este grupo, 88.5% de las víctimas fueron trasladadas a hospitales para ser atendidas por violencia familiar y 54.1% de niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia física.
Por otro lado, la Cámara de Diputados también aprobó una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) con el fin de que los funcionarios contemplen en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, el principio de igualdad de género.
Con una votación unánime de 449 a favor, se hará una adición al primer párrafo del artículo 7 de dicha ley, en la que se menciona que la revictimización por parte de los servidores públicos hacia las mujeres víctimas de violencia impide proporcionar un servicio con perspectiva de género.
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