Caso Ficrea: juez vinculó a proceso a Rafael Olvera Amezcua por defraudación fiscal

Un Juez federal radicado en el Reclusorio Sur, vinculó a proceso a Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de la microfinanciera Ficrea, por el delito de defraudación fiscal de 185 millones 41 mil 2080 pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.

De acuerdo con el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la Fiscalía General de la República (FGR) “ofreció los datos mínimos suficientes para suponer que Olvera incurrió en el delito de defraudación fiscal equiparable”, el cual está previsto en el artículo 109 fracción I, en relación con el 108, del Código Fiscal de la Federación.

En su decisión, el juez dijo que era innecesario debatir la medida cautelar porque se impuso desde la audiencia pasada y además concedió tres meses de investigación complementaria.

Olvera Amezcua también tiene pendientes otros cargos por fraude de más de 6 mil millones de pesos que habría cometido en contra de los ahorradores de Ficrea, a quienes les prometió el pago de intereses por encima del promedio en el mercado y por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos.

Por esta razón, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra el acusado. En total Olvera Amezcua afronta al menos cinco órdenes de captura por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de origen ilícito.

Además, de acuerdo con las investigaciones, Rafael Olvera posiblemente dispuso de 90 millones 423 mil 250 pesos de sus inversionistas para adquirir once inmuebles en Acapulco, Guadalajara, Estado de México y Ciudad de México.

Cabe recordar que la semana pasada el exdueño de Ficrea fue deportado a México procedente de Estados Unidos en donde permanecía detenido desde 2019 pues afrontaba una ficha roja (orden de búsqueda y captura) emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de la Fiscalía mexicana.

Ficrea brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Operaba como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) gracias al aval del gobierno que recibió en 2008.

Dos años más tarde, esta caja de ahorro fue comprada por un grupo de empresarios, entre los que destacó Rafael Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92% del capital de la compañía.

Los nuevos operadores la hicieron crecer hasta que se convirtió en la segunda Sociedad de Ahorro Popular más grande del país.

El escándalo llegó cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) auditó la empresa y detectó varias operaciones irregulares que podrían proceder del lavado de dinero o un manejo fraudulento, así que decidió suspender las operaciones de Ficrea el 7 de noviembre de 2014 porque se utilizaron los ahorros de los clientes en transferencias al extranjero, compra de bienes e inmuebles no relacionados con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.

La Sofipo tenía una cartera de crédito de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 900 millones de pesos fueron transferidos a otras empresas, dejando un total de 6 mil 800 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.

Los afectados firmaban dos contratos. El primero con Ficrea, con el que se les otorgaba un crédito, y el segundo con otra empresa relacionada como Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial a donde desviaban los recursos sin supervisión de la Comisión Bancaria.

El mayor beneficiario de los recursos fue Rafael Olvera Amezcua, quien se dio una vida de lujos, por lo que fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de USD 65 millones a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa.

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