Una tarjeta libró a trabajadoras sexuales de la extorsión… pero las autoridades les han frustrado ese recurso

Sandra Montiel y Alma Delia se vieron beneficiadas con una histórica decisión que en 2014 cambió las leyes en la Ciudad de México y fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): se reconoció al trabajo sexual en la categoría de trabajo no asalariado. Así, ellas junto con cientos de trabajadoras sexuales ganaron este reconocimiento que se traducía en la completa legalidad de su labor, así como el acceso a apoyos gubernamentales. Pero ahora, en 2022, ambas volvieron al punto de partida, en la desprotección.

El amparo que 112/2013, que las trabajadoras sexuales ganaron de la mano de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘Elisa Martínez’, A.C., las hacía acreedoras a una tarjeta con la que se regulariza su actividad laboral, como horarios y ubicación.

De acuerdo con las leyes de la Ciudad de México, un(a) trabajador(a) no asalariado(a) es “la persona física que presta a otra física o moral un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley Federal del Trabajo”.

En términos prácticos, se trata de quienes engrosan la lista del empleo informal. Entonces dicha tarjeta les sirve para obtener algunos beneficios como atención médica y apoyos económicos de parte del gobierno en situación de emergencia. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19.

Pero más allá de los beneficios propios del registro y las prestaciones del gobierno, en el caso de este sector representaba una gran protección de cara a las persecuciones que estaban acostumbradas a vivir a diario por parte de elementos locales, quienes las extorsionaban y constantemente la detenían, arrebatándoles sus ganancias, con el argumento de que eran víctimas de trata.

“El tarjetón nos sirvió para que los policías nos dejaran de molestar, pero de ahí en fuera no sirve para nada. Al menos yo nunca he obtenido ningún préstamo de los que se supone que dan, ningún apoyo”, detalla a Infobae Sandra Montiel, trabajadora sexual de 41 años de edad, originaria de Veracruz. “Para mí, la verdad, lo único en lo que nos benefició fue para que los policías nos dejaran de molestar”.

Cada año se renueva esa identificación. En noviembre de 2020, esta mujer acudió a realizar dicho trámite... pero ese año ya no se la dieron. “Me dijeron que me esperara, que ellos me iban a llamar para que fuera a recogerla, que a finales de enero (2021) se comunicarían conmigo”. Hasta el día de hoy, esa llamada no le ha llegado.

El de Sandra no es un caso aislado. Desde Brigada Callejera han denunciado que la misma situación viven varias de las trabajadoras sexuales que ya contaban con esa identificación no han recibido la renovación. “No se nos ha dicho si sí nos van a renovar el tarjetón o no”, comenta resignada. “Tampoco nos dicen qué decisión ha tomado la alcaldía”, en referencia a la instrucción de que esa instancia toma la última decisión en el otorgamiento de dichas tarjetas.

A Alma Delia también se le venció ya su tarjeta. Ella también es trabajadora sexual en la capital mexicana. Tiene 65 años de edad y es originaria de Guerrero. Desde hace unos seis años que recibió su tarjeta de trabajadora no asalariada.

“Nos ha servido mucho. Primero, para el reconocimiento de trabajadora sexual no asalariada y comprobar que no somos sometidas ni esclavizadas por nadie”, explica Alma a Infobae, “nos sirvió en su momento para protegernos de detenciones arbitrarias, ahora esperamos que también nos sirva para cosas buenas como el pedimento a la vivienda”.

De igual manera ha estado al pendiente de que se la renueven. Pero tampoco ha obtenido una respuesta. “No somos visibles, ni para la sociedad ni para el gobierno. No aceptan, la mayoría, esta actividad que hoy en día ya es reconocida como trabajo sexual”, apunta.

La emisión de esas tarjetas también ha ido disminuyendo a medida que ha pasado el tiempo desde que se logró el amparo. En 2014 fueron concedidas 113; en 2015 ese número bajó a 53; fueron 35 las emitidas en 2016; 34 en 2017 y solamente una en 2018. Desde su apoyo legal a las trabajadoras sexuales, Brigada Callejera apunta a que el trámite está detenido entre la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (Styfe) y cada una de las 16 Alcaldías capitalinas. La razón, aseguran, es el gran negocio que representa el trabajo sexual, que en su modalidad no regularizada les significa una ganancia millonaria.

Así, Alma y Sandra, junto con cientos de su compañeras, volvieron al punto del inicio de su lucha, donde no contaban con nada para protegerse del acoso y abuso de un red formada por policías locales, dueños de hoteles, funcionarios públicos... donde ellas son las víctimas.

Incluso, sus clientes también son blancos de esa extorsión. Sandra cuenta que, al ser una mujer trans, los patrulleros han amenazado a quienes le solicitan sus servicios, diciéndoles que van a avisar a sus familias que están “con un homosexual” y que están “ejerciendo la prostitución”. Entonces “les sacan dinero”. También cuenta que en esos momentos les ha recordado a los elementos públicos que su trabajo es legal, por lo que ni ella ni sus clientes están cometiendo ningún delito.

“Nosotras las dejamos trabajar, ustedes dejen que nosotros también saquemos nuestros dinero”, es la respuesta que ha recibido.

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