San José de Gracia: el pueblo de Michoacán que se convirtió en el reflejo de la impunidad incontrolable y la ausencia del Estado en México

Pasaron casi tres horas antes de que las autoridades llegaran a San José de Gracia, Michoacán, y encontraran solo algunos rastros de la violenta masacre —casquillos, agujeros de bala, un piso recién lavado, una bolsa con detergentes— y ni un solo cadáver.

A casi una semana del multihomicidio en el municipio de Marcos Castellanos, donde se estima que pudieron haber perdido la vida entre 10 y 17 personas, los responsables de las principales corporaciones de seguridad en Michoacán no han podido establecer una versión oficial de los hechos. En su lugar, han dado diferentes explicaciones sobre los horarios en los que fueron emitidos los reportes el pasado 27 de febrero.

Para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (Ibero), la ausencia total de las autoridades en eventos como el de Michoacán se explica porque México se encuentra actualmente en una etapa de captura de la instituciones por parte de las organizaciones ilícitas, quienes cada vez se van imponiendo con más fuerza en el territorio. “Se ha colapsado la idea de que el Estado y la delincuencia organizada son dos entidades confrontadas. La teoría ha demostrado que existe una especie de zona gris, donde el crimen organizado y el Estado construyen acuerdos o escenarios de disputa”, dijo a Infobae.

Los recursos no han sido suficientes para asegurar las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano como organismos profesionales, aseguró el experto, para que de esta manera respondan eficazmente ante hechos como los ocurridos en Michoacán. “El Estado se muestra cada vez más pequeño, más limitado y contaminado”.

¿Por qué no llegó la policía a tiempo? ¿Por qué no hay esquemas de inteligencia que prevean este tipo de confrontaciones? Para el especialista en seguridad pública la respuesta es simple: el Estado no es competente para ello. “La política de seguridad está en crisis. Tenemos un presidente que ha decidido utilizar toda la fuerza militar al alcance para desplegarla sin lograr contener la violencia. Eso enseña una crisis estructural profundísima por la incapacidad del Estado para expropiar la violencia como un acto legítimo, por eso las organizaciones están en la posibilidad de salir a ejecutar gente a plena luz del día”.

Los sicarios que perpetraron la masacre el domingo pasado, según López Portillo, actuaron basándose en cálculos de costo y beneficio, pues probablemente previeron que no iban a pagar por las muertes de aquellas personas. “Su calculo es racional, es un cálculo de probabilidades evidente. El 90% de los homicidios violentos no son castigados en este país. Es un cálculo informado, porque la impunidad se ha instalado entre nosotros desde hace décadas. La gente que vive la violencia ha aprendido que la impunidad está ahí presente”.

La paradoja del “populismo punitivo”

Cuando en México ocurren episodios de violencia extrema visible como en San José de Gracia, generalmente se produce una mayor presión política y social para que las autoridades resuelvan los casos en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo se promueven medidas que a largo plazo resultan ineficaces, advirtió López Portillo.

En países de América Latina es la receta que se conoce como populismo punitivo. “Es decir, medidas inmediatas y de mano dura: más policías, más ejército, más penas, más armas. Son medidas populares, pero a la vez son medidas ineficaces, concretamente frente a la violencia que involucra crecientemente a los jóvenes”, señaló.

Las medidas de disuasión que se tendrían que aplicar, según la visión del experto, deben combinar la intervención con múltiples servicios sociales que le den más alternativas a los jóvenes. “Apoyos sociales diversos, no solamente dinero, como lo hace hoy el gobierno federal en distintos barrios”. Esas medidas, aseguró, no son populares en América Latina porque no generan una imagen política de solución de conflictos. “Son más lentas, menos vivibles, y entonces ahí viene la paradoja. Reproducen la propia crisis porque a pesar de los despliegues masivos policiales y militares, no terminan resolviendo nada”.

“La reconstrucción del tejido social desafortunadamente es poco visible, más lenta y menos rentable para el espectáculo político. Las condiciones que están provocando que los grupos puedan seguir reclutando por miles a personas especialmente jóvenes como sicarios siguen ahí. Más violencia genera más presión por medidas rápidas, pero esas respuestas rápidas evaden las respuestas serias, profundas y estructurales. Las consecuencias son que no se resuelve el problema y se reproduce la propia violencia”.

¿Existe una solución?

El mismo padecimiento se reproduce en el poder legislativo, de acuerdo con el especialista, pues los partidos políticos continúan con una especie de “adicción” que consiste en incrementar las penas sin generar otras alternativas que también están a su alcance, como las comisiones de investigación.

Para López Portillo, la salida a esta espiral de violencia e impunidad reside en la rendición de cuentas por parte de las instituciones de seguridad a través de la fiscalización de las procuradurías.

Desde esta perspectiva, los poderes legislativos tendrían que estar construyendo comisiones de investigación que monitoreen, vigilen y evalúen a las policías y fiscalías, para que después esas mismas comisiones produzcan planes de reforma.

“Qué fiscalicen a las procuradurías si no trabajan bien. Deberían estar los poderes legislativos locales y el Congreso de la Unión creando esquemas de fiscalización profunda y de rendición de cuentas sobre las fiscalías para someterlas a control. Esto crea esquemas de evaluación virtuosos, en donde las instituciones que no rinden y no dan resultados son sometidas a ejercicios de evaluación”.

“Mientras no lleguen los esquemas de rendición de cuentas, esto se va prolongar irremediablemente y por tiempo indefinido”, concluyó.

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