Este lunes 28 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de cierre a los Foros del Parlamento Abierto que tuvo como objetivo discutir la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); asimismo, se revisó los avances obtenidos con la reforma energética de 2013 impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).
De tal modo que con 25 foros abiertos, que contaron con 135 panelistas expertos en la materia, la discusión de la iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se nutrió, además de que se socializó la información más relevante de ambas posturas.
Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), celebró el intercambio de ideas y contraste de información que se realizó en el Parlamento Abierto, pues los que llegaron a participar presentaron, respetuosamente, sus argumentos para incidir directamente en la votación del Pleno de la Cámara de Diputados, misma que definirá el destino del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Bajo el nombre “Cierre con los titulares de los poderes ejecutivos locales y municipales, reforma eléctrica y federalismo”, las mesas de discusión se dieron por terminadas al interior del Congreso de la Unión, ahora sólo queda esperar la deliberación al interior de cada partido político, la discusión parlamentaria en el pleno de San Lázaro y la votación de la reforma.
La primera en participar fue Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), quien ponderó de manera clara y concisa que el otorgarle, a través de la reforma, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% de participación en el ramo (generación, transmisión, distribución y comercialización) es una acción para equilibrar la relación de poder entre el Estado y las generadoras privadas.
Esto porque desde la reforma del 2013 en materia energética, incluida en el paquete de reformas llamado Pacto por México, otorgó de manera “indiscriminada” numerosos contratos de generación eléctrica que rebasan la demanda de los mexicanos y la infraestructura de almacenamiento y distribución de la CFE.
En ese sentido, recordó que la demanda de energía eléctrica es de 50 mil megawatts, mientras que la oferta proporcionada entre la CFE y las privadas es de casi 150 mil megawatts, lo cual ha dañado la infraestructura de la Comisión, quien tiene que implementar diversas tareas para evitar el sobrecalentamiento del equipo instaurado en sus redes de transmisión.
Por su cuenta, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), dijo que esta reforma debe de atender las necesidades sociales de las y los mexicanos. Asimismo, en su calidad de presidente de la Conago, reiteró el compromiso de construir con las y los ejecutivos de las entidades federativas los canales de comunicación necesarios con el Congreso de la Unión.
Además, propuso analizar las modificaciones a tres ordenamientos federales, el Código Fiscal de la Federación (CFF), las leyes del Impuesto Sobre la Renta (LISR), y del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), con el objetivo de desarrollar la industria del transporte eléctrico en beneficio del país y del medio ambiente.
Finalmente, cabe recordar que no todos los sectores se prestaron al diálogo, pues existió cierta aversión a éste por un sector considerable de la Iniciativa Privada (IP), pues aunque fueron invitados a dialogar con diferentes analistas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Iberdrola, Walmart, Grupo México, Lala, Citibank, Enel Green Power, Bimbo, Alsea, Femsa, Kimberly Clark, Santander, HSBC y BBVA no acudieron, dejando clara su postura ante la Reforma Eléctrica y su nula disposición por sentar un diálogo con los representantes de la ciudadanía.
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