Un juez federal rechazó revocar la órden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz preso en el Reclusorio Norte, quien buscaba suspender de manera definitiva cualquier ordenamiento judicial en su contra por el delito de desaparición forzada, la cual se expidió tras la cumplimentación de la primera por el mismo ilícito.
Aunque el magistrado no hizo público el expediente del caso, sí comunicó que “Se niega la suspensión definitiva solicitada por Javier Duarte de Ochoa, en contra de la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o localización y/o presentación y su ejecución, que atribuyó al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Acayucan, Veracruz y otras autoridades”, dijo el magistrado.
Tras este fallo, Javier Duarte podrá ser vinculado a proceso en una corte local de Veracruz por el delito de desaparición forzada por el cual ya fue aprehendido al interior del Reclusorio Norte, pues se le ha señalado por su presunta participación en los hechos ocurridos en la barranca Aurora, en la cual se encontraron los restos de 19 personas reportadas como desaparecidas.
En el pasado mes de enero, el ex gobernador obtuvo un amparo que impedía la ejecución de nuevas órdenes de aprehensión en su contra, para lo que tuvo que desembolsar 81 mil pesos como garantía económica; este recurso legal fue otorgado por el magistrado del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en materia penal.
A pesar de que el amparo denegaba procesos judiciales en su contra, sólo era válido para delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, por lo que no aplica para desaparición forzada, por lo cual la defensa del político solicitó un nuevo recurso legal, además de que su validez expiró el pasado 24 de enero.
La primera órden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada fue expedida en diciembre del 2021 a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la cual fue cumplimentada aquél mes.
Posteriormente, autoridades de Veracruz iniciaron un proceso en su contra por el mismo delito, lo cual fue resultado de las investigaciones por el caso de la barranca La Aurora, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata de aquél estado.
Según la información presentada por la fiscalía, Javier Duarte entorpeció las investigaciones para dar con los responsables de los asesinatos y desapariciones que resultaron en la muerte de 19 personas, cuyos restos fueron encontrados en la fosa.
Debido a esto, la defensa de Duarte argumentó que sólo se le podría vincular a proceso por obstrucción de la justicia, pero no por desaparición forzada, debido a que no se puede comprobar su participación en los crímenes en contra de casi una veintena de personas en el estado costero.
Javier Duarte cumple una sentencia de nueve años en el Reclusorio Norte por el delito de lavado de dinero, condena recibida tras la ejecución de un procedimiento abreviado en el cual él mismo denunció presuntos actos de corrupción por parte de los fiscales que llevaron su caso, quienes habrían recibido dinero a cambio de retirar los cargos de delincuencia organizada, por los cuales podría haber recibido de 10 a 20 años más.
El pasado 12 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no ejercerá acción penal en contra de los funcionarios señalados por retirar el cargo de delincuencia organizada en contra del ex gobernador.
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