México (país en el que han sido asesinado por lo menos 5 periodistas en lo que va del 2022), Colombia, Honduras y Brasil concentran el 90% de los casos de periodistas asesinados en la última década, señala un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En el último estudio de RS, titulado “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, se realizó un análisis comparativo de los mecanismos de protección en los países considerados como los más peligrosos para ejercer el periodismo, en el periodo de 2012 a 2021.
México concentra el 58% de los asesinatos a periodistas en toda América Latina, lo que lo coloca en el lugar número 143 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF. Entre las fuentes que cubrían los periodistas asesinados están: violencia, narcotráfico, corrupción y seguridad pública.
Por su parte, Brasil, Colombia y Honduras -el resto de los países considerados en este estudio- se sitúan en los puestos 111, 134 y 151 respectivamente.
De acuerdo al balance de SRF, en diez años han sido asesinados por lo menos 74 periodistas en territorio mexicano, entre 2011 y 2020. La mayoría radicaba en ciudades pequeñas y colaboraba para más de un medio de comunicación.
“Para RSF, México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa en todo el mundo”
En la mayor parte de estos casos, los índices de impunidad son elevados. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el índice de impunidad en investigaciones relacionadas a secuestros, desapariciones, crímenes de agresión y asesinatos a periodistas fue de 81% en 2013.
La CNDH apunta que diversas entidades públicas (responsables de garantizar la protección y seguridad de la población) “figuran entre los mayores sospechosos de crímenes contra la libertad de expresión”, entre las que se encuentran la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de los estados de Oaxaca y Veracruz.
A pesar de que en 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), muy pocas investigaciones terminan en juicio. Entre 2010 y 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales sólo el 16.3% terminó en procesos o juicios; de las diez sentencias obtenidas, seis tenían que ver con un servidor público involucrado.
Por su parte, la organización Artículo 19 señala que el 69% de los ataques contra la prensa en México son perpetrados por agentes del Estado, lo que habría elevdo el índice de impunidad en delitos contra la libertad de expresión a un 99% en 2020.
A raíz de ello, se han implementado diversos mecanismos para la protección de periodistas por parte del gobierno federal. En 2012 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objetivo de garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas que se encuentran en riesgo debido a su labor profesional, ya sea como periodistas o como defensora de los derechos humanos.
Posteriormente, en 2017, la Conferencia Nacional de Gobernadores de México aprobó un Protocolo de Coordinación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicho protocolo implicó, a su vez, la creación de Unidades Estatales de Protección (UEPs) en aquellas entidades federativas que todavía no contaban con sus propios mecanismos de protección.
Para 2021, 1,459 personas estaban inscritas en el mecanismo, de las cuales 989 eran defensores de derechos humanos y 470 periodistas, quienes en su mayoría trabajaba en medios digitales en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Puebla, cubriendo temas de política y seguridad.
Sin embargo, a pesar de la implementación de los mecanismos, la violencia en el territorio mexicano ha provocado los llamados “desplazamientos forzados”, en los que los periodistas son reubicados “temporalmente” como una medida de protección extraordinaria.
Según RSF, actualmente, alrededor de 40 periodistas se han visto obligados a abandonar su territorio local a raíz de la violencia e inseguridad para ejercer su profesión, algo a lo que Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo, llama como una “crisis de derechos humanos” en México.
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