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Tras haberse dado el caso del bebé Tadeo, cuyos restos fueron exhumados de un panteón localizado en la alcaldía Iztapalapa y encontrado en el penal de San Miguel, en el estado de Puebla; las el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer una propuesta de reglamento para cementerios, crematorios y servicios funerarios al interior de la capital.
Las nuevas medidas para las actividades de vigilancia incluyen una reforma al Código Penal con la cual se darían penas desde cinco hasta 10 años de prisión a quienes comercialicen, distribuyan o trasladen restos humanos sin autorización. Además, se planteó que el reglamento tendrá como objetivo establecer un sistema de registro de inhumaciones y exhumaciones, así como mantener una coordinación interinstitucional y de distribución de responsabilidades.
José Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que con estas medidas también se busca garantizar la preservación de la memoria de los difuntos con dignidad y brindando seguridad sanitaria y ciudadana.
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Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX indicó que el reglamento de panteones que está vigente actualmente data de 38 años y solo se regulan los cementerios, por lo que con las nuevas disposiciones también se regularán los crematorios y los servicios funerarios.
“Se establece como servicio público de cementerios el funcionamiento, la conservación y la operación de los cementerios (...) comprende los distintos rubros, como es la inhumación, la reinhumación, la exhumación, la cremación y el alojamiento de restos humanos”, explicó en conferencia de prensa Néstor Vargas Solano.
Asimismo, explicó que en materia de seguridad, habrá vigilancia con conectividad al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) en los cementerios y crematorios de la capital, la cual estará activa durante las 24 horas del día los 365 días del año.
También se implementará control en los accesos de los mismos y vigilancia para evitar que quienes ingresen a estos espacios cometan conductas delictivas. La vigilancia de las disposiciones del reglamento estará a cargo de las siguientes dependencias: las alcaldías, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Salud, el Invea, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Administración y Finanzas del Trabajo y la de Seguridad Ciudadana.
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“Entre otras atribuciones, las alcaldías son las responsables de administrar, operar y supervisar todos los cementerios, los crematorios públicos. Tienen que supervisar los alcaldes al personal que labora en los cementerios, así como el control de las actividades de los prestadores de servicios externos (...) Los alcaldes son los responsables de llevar a cabo las exhumaciones de acuerdo en lo que se establece en la normativa”, explicó.
Además, se creará la Comisión Consultiva de Servicios Funerarios que coordinará, vigilará y dará seguimiento a la correcta implementación del Reglamento y atenderá eventuales emergencias sanitarios o situaciones extraordinarias y se designará a un responsable en cada cementerio, así como un archivo físico y digital.
Esta medida se dará luego de que, tras el caso del cadáver del bebé Tadeo, en algunos medios de comunicación se presentaron reportajes de la venta clandestina de huesos y osamentas para actividades de santería, entre otras. El 9 de febrero, las autoridades de Puebla dieron a conocer que cinco personas fueron vinculadas a proceso; con ello se alcanzó la cifra de 22 personas vinculadas en el caso.
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