Este lunes 21 de febrero se realizó el Foro 22-A de la Reforma Eléctrica de AMLO, en esta ocasión se discutió la participación, relevancia y discriminación en el ramo respecto a los pueblos originarios en México, donde temas como la sustentabilidad, el acceso y la geografía fueron ponderados por un panel de especialistas que expusieron sus opiniones tanto en favor como en contra.
Al dar la bienvenida al foro que llevó por título “Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad”, Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, señaló que si bien, la reforma del 2013 en materia energética no habla de cómo solucionar los conflictos entre las comunidades con la electricidad distribuida, la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tampoco lo hace.
A favor de la reforma estuvo José Abel Manuel, ingeniero mecánico en térmicas hidráulicas y representante de ejidatarios de La Venta, Juchitán, Oaxaca, quien recordó que las empresas transnacionales han discriminado a los pueblos originarios, pues son quienes los despojan de sus derechos y de sus tierras, ya que utilizan sus parcelas para generar energía eléctrica sin recibir un pago a cambio.
“Seamos considerados con las comunidades indígenas y campesinas y se repare el daño que han causado los proyectos eólicos”
Para legitimar su sentencia, Manuel Carrasco recordó el caso que se tiene con la empresa Acciona, originaria de España, que se niega a pagar el usufructo de las tierras para generar energía eléctrica a través del viento, por lo que solicitó la intervención de los gobiernos federal y estatal, de las y los diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas para evitar que continúe el despojo de tierras y la violación de los derechos.
“La empresa contrató 2 mil 600 hectáreas en el ejido para construir un parque eólico con capacidad de 250.5 megawatts”
Finalmente, sostuvo que no se ha visto ningún cambio con la reforma energética de Enrique Peña Nieto y consideró que se debería dar la oportunidad a los ejidatarios de instalar su propio parque eólico.
Por su cuenta, Magdalena Morales García, activista y promotora cultural de Chiapas, dijo que los pueblos originarios necesitan que se apruebe la Reforma Eléctrica de AMLO porque se requieren condiciones de índole social como una tarifa preferencial, servicio de calidad, condonación de adeudos, renacionalización de la industria eléctrica y soberanía sobre el litio.
“No es justo que la condonación se le dé a empresas transnacionales, mientras que los pueblos originarios han perdidos sus tierras y no reciben ningún beneficio”
Bajo esta misma lógica, Carlos Manzo, consejero de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, celebró que la reforma se discuta, “en donde la razón histórica, jurídica y política estén por encima de cualquier estímulo económico”. Además, sugirió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realice un estudio de impacto ambiental a nivel regional.
“Se deben fincar responsabilidades en notarios públicos involucrados en el ilegal proceso de privatización de tierras comunales que se da en el Istmo de Tehuantepec”
Contra la iniciativa de López Obrador se pronunció Mario Castillo Quintero, representante de la Red de Pueblos y Energía de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, quien expresó su desconfianza en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lidere la transición energética.
“Es inaceptable para las fuentes de energía renovables, pues la CFE tendría que tomar control sobre grandes extensiones de territorio, lo que multiplicaría e intensificaría los conflictos sociales”
Al respecto, sostuvo que la “visión centralizada” no tiene cabida en el momento histórico actual ni es conforme a derechos colectivos reconocidos por la Constitución ni en tratados internacionales.
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