Desaparición Forzada en Coahuila: la pesada losa para buscar justicia

La magnitud que ha alcanzado la desaparición de personas frente a la capacidad del Estado para encontrarlas y buscar justicia pareciera una lucha desigual. Sobre todo, cuando se trata de la época de la llamada guerra contra el narco.

La sobrecarga de expedientes pega en la búsqueda de desaparecidos, de verdad y de justicia.

Por un lado, una de cada 10 personas desaparecidas y no localizadas en Coahuila ha sido encontrada con vida, de acuerdo con un análisis de Semanario de los datos que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tan solo en el periodo 2009-2020.

Por el otro, la Fiscalía de Desaparecidos, dependiente de la Fiscalía General del Estado, cuenta con 24 ministerios públicos, repartidos en las cinco regiones de la entidad, quienes cargan sobre sus espaldas el desahogo de más de 67 carpetas de investigación, según información de la propia dependencia.

“En temas de seguridad no hay personal suficiente y este es un tema de seguridad”, advierte el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

Actualmente se encuentran procesadas 69 personas a quienes se les acusa de ser responsables de este delito. De ellas, 34 pertenecían a algún cuerpo policial. Además, se han logrado 20 sentencias condenatorias.

Del total analizado del periodo de 12 años, que suman 3,294 casos del Registro Nacional, cerca del 72 por ciento corresponde a la época más cruda de la violencia y que marcó el periodo que va de 2009 a 2013.

En ese entonces, según datos del Inegi, el número de homicidios, que se ubicó en 270, fue superado por 298 desapariciones, en 2009. Igual sucedió en 2010, año en el que la cantidad de desaparecidos se disparó a 469 casos, contra 449 asesinatos.

Frente a la alta incidencia de este delito, actualmente Coahuila cuenta, como otros estados del país, con la Comisión de Búsqueda de Personas creada en 2019, la cual, incluso, ha logrado hallazgos de personas con vida que se extraviaron en otras entidades, como Estado de México, Morelos y Colima.

También cuenta con el Centro Regional de Identificación Humana desde finales de 2019, calificado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Federación como uno de los modelos que podrían resultar más eficaces para la identificación de personas desaparecidas sin vida.

Por su parte, la FGE instaló la Fiscalía de Desaparecidos hace 9 años, que ha implementado una serie de políticas públicas en materia de búsqueda y localización de personas, así como diligencias tendientes a dar con el paradero o suerte de los desaparecidos.

El 12 de febrero, Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, informó en la primera reunión plenaria de 2022 de familiares de personas desaparecidas, que dará seguimiento a planteamientos de los diferentes colectivos, como las reformas estructurales en materia judicial, fiscalía, búsqueda y del sistema de víctimas.

La pesada losa para buscar justicia se refleja en los casos de personas que fueron desaparecidas, ya sea por miembros de la delincuencia organizada o las fuerzas de seguridad del Estado, entre los años 2009 y 2013, la época más cruda de la violencia en Coahuila, y que, según el RNPDNO suman 2 mil 94 personas.

“Es muchísimo, una carga de trabajo excesiva, sobre todo por el tipo de delito ante el que nos encontramos”, reconoce Juan Enrique Martínez Requenes, titular de Litigación y Estrategia Internacional del Centro Diocesano para los Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo Fray Juan de Larios.

Los casos se acumulan, ¿hay estrategia?

Un total de 69 personas están siendo procesadas actualmente por el delito de desaparición forzada, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Desaparecidos de la FGE. Y ya se lograron 20 sentencias condenatorias.

De ese número, precisa Herrera Cepeda, 34 personas procesadas eran autoridades de diversa índole, personas que trabajaron en algún Centro de Readaptación Social y en las direcciones de Seguridad Pública Municipal de varias localidades de Coahuila

A otras 10 ya se les dictó sentencia condenatoria.

En cuanto a la desaparición forzada cometida por particulares se ha ejercido la acción penal sobre 15 asuntos, informa el Fiscal, con un total de 35 personas que en estos momentos están siendo procesadas y ya se han obtenido, también, 10 sentencias condenatorias.

El Artículo 56 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila obliga a que la Fiscalía de Personas Desaparecidas diseñe una técnica de gestión estratégica de la carga de trabajo y flujo de casos que son de su conocimiento con base en criterios claros para la aplicación de una política de priorización, los cuales deberán ser públicos.

Para la elaboración de la política de priorización, dice la ley, se deberá llevar a cabo una consulta abierta con las familias de personas desaparecidas y personas expertas en la materia.

“Se saturan de carpetas y no hallan qué hacer, me imagino que han de estar como locos”, expresa Marcela Balderas Rodríguez, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUNDEC – FUNDEM).

Otro problema que observa Martínez Requenes, de Litigación y Estrategia Internacional del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, es la presencia de ministerios públicos destacados en la Fiscalía de Personas Desaparecidas sin el perfil idóneo para investigar casos de desaparición.

“A veces asignan ministerios públicos que acaban de salir de la carrera. No quiero demeritarlos, pero sí vemos que son investigaciones que necesitan gente con más experiencia, que haya atendido casos complicados y que los haya podido resolver, que sepa investigar en contexto y más cosas”, opina.

“Los pocos o muchos avances que hay son por las familias. Lamentablemente, si las familias no le mueven a los casos, la Fiscalía no lo hace. Hemos llegado al punto de, casi casi, decirles cómo investigar, las familias les dicen cómo investigar, qué tienen que hacer y eso es contra toda lógica…”.

José Ángel Herrera, Fiscal de Desaparecidos, defiende que los ministerios públicos asignados a esta subprocuraduría están capacitados, certificados y acreditados por la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia en los temas de búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas.

¿Y la Comisión Estatal de Búsqueda?

Otro activo institucional que se suma a la atención de este delito es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Creada en septiembre de 2018, y dependiente del Poder Ejecutivo, tiene como misión coadyuvar con la Fiscalía de Desaparecidos en la búsqueda y localización de personas.

Sin embargo, los progresos de esta Comisión aún son incipientes y así lo reconoce Ricardo Martínez Loyola, su titular.

“Durante 2019, la verdad es que nos la pasamos construyendo la institución. La estructura orgánica, empezamos a recopilar información de algunas otras dependencias y en estos últimos dos años ya hemos estado trabajando en todo un proceso de planes de búsqueda en diferentes vertientes”, expone.

Sin embargo, reitera, la existencia de las comisiones de búsqueda en el país constituye un avance dentro de la política pública del estado mexicano.

En el informe 2021 de esta Comisión se destaca que, del 1 de diciembre del 2020 al 30 de septiembre del 2021, a través de acciones de búsqueda, se localizaron a 203 personas, de las cuales, 191 fueron encontradas con vida y 12 sin vida.

Un promedio de 20 hallazgos por mes.

“Las familias vienen y les podemos enseñar las estadísticas, pero más bien ellas te van a decir, ‘¿y el mío por qué no?, ¿por qué nuestros casos no?’. En el fondo lo saben y en el fondo lo hemos comentado, los casos de ellas son casos más complicados en la medida que son de más de 10, 12 años, 15 años. Lo difícil de estos casos es que las evidencias se van perdiendo en el transcurso del tiempo”, dice Martínez Loyola.

“No podemos desconocer esa voz que clama justicia”: CDHEC

Los reclamos crecen, mientras tanto, hay ocho colectivos de familiares de desaparecidos en la entidad que esperan, contra toda esperanza, encontrar, con vida o sin ella, a sus seres queridos.

“No, no hay avances”, dice Marcela Balderas Rodríguez, de FUNDEC – FUNDEM, y madre de Cosme Humberto Alarcón Balderas, de 16 años, quien fuera víctima de doble desaparición: una en vida por particulares el 5 de mayo de 2011, y otra sin vida por las autoridades ministeriales.

La falta de avances en la investigación y conclusión de sus casos ha orillado a los familiares de desaparecidos a abandonar las mesas de diálogo con el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. Incluso, piden un cambio de mando en la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila.

“No quisimos asistir en diciembre pasado a la audiencia con todos los demás colectivos porque nos parecía que ya las mesas de interlocución son una simulación. La audiencia con el gobernador se hace extremadamente larga, se repite lo mismo y no hay realmente avances en la investigación y en la búsqueda”, describe Diana Iris García, integrante de FUNDEC – FUNDEM.

“Hemos pedido la remoción del Fiscal de Desaparecidos porque creemos que no cumple con el perfil, pero debe de haber compromisos muy grandes, porque hasta el día de hoy no ha tenido eco esa petición”.

Diana es la mamá de Daniel Cantú Iris, 23 años, quien desapareció el 21 de febrero de 2007, cuando se dirigía a su trabajo en una minera de Paredón, municipio de Ramos Arizpe, y cuyo paradero se ignora hasta el día de hoy.

Iris García dice que la impunidad es otra de las razones por las que la búsqueda y localización de personas desaparecidas en Coahuila está atorada.

“La impunidad no ha dejado que los casos avancen”, lamenta.

Otro indicador de los anémicos resultados que ha dado la Fiscalía de Desaparecidos se encuentra en los registros históricos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, los cuales revelan que, entre 2012 a lo que va de 2022, se presentaron un total de 100 quejas contra esta Fiscalía, que versan, en su mayoría, sobre dilaciones y omisiones en los procesos de investigación y han derivado en 38 recomendaciones.

“Lo ideal es que se pudiera encontrar a las personas que actualmente no están con nosotros y que se pudiera dar una verdad de lo que realmente sucedió. No podemos desconocer esa voz que clama justicia”, opina Hugo Morales Valdés, el presidente de la CDHEC.

El Fiscal de Desaparecidos, José Ángel Herrera Cepeda, asegura que no todo ha sido retroceso, pues entre los años 2009 y 2020 fueron localizadas 3 mil 263 personas con vida y otras 289 sin vida.

Sin embargo, insiste en que, al menos el 75 por ciento de estos casos corresponde a desapariciones que no están vinculadas con la comisión de algún delito, a diferencia de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.

Juan Enrique Martínez Requenes, titular de Litigación y Estrategia Internacional del Centro Diocesano para los Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo Fray Juan de Larios, da su interpretación de estos avances presentados por la Fiscalía Especializada.

“La Fiscalía presume que ha encontrado a mucha gente, pero cuando te quedas viendo los datos son personas no localizadas y las personas desaparecidas, las que se involucran en un delito como trata, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, no están siendo encontradas”, valora.

“Ellos encuentran a una persona que tiene un reporte de búsqueda, más esto no significa que sea una persona desaparecida. La ley distingue entre una persona no localizada y una persona desaparecida y los protocolos justamente están hechos para que podamos distinguir entre una persona no localizada y una persona desaparecida”.

Va FGE por un mejor protocolo de búsqueda

Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado, comenta que, actualmente, las autoridades están tratando de organizarse con los colectivos para generar nuevas rutas de investigación, con un modelo que les permita investigar contextualmente y con ello avanzar.

“Existe un protocolo que probablemente será necesario fortalecer o modificar en atención al poco avance que se tiene, por el gran número de casos. Estamos haciendo un rediseño para afrontar con grupos especiales la investigación de estos casos”, asegura.

El hecho de que esta Fiscalía no cuente con un presupuesto propio para el desarrollo de sus funciones empeora el panorama.

Sin embargo, el Fiscal José Ángel Herrera Cepeda explica que la asignación de recursos a esta dependencia, por parte del área administrativa de la FGE, se realiza de acuerdo con sus necesidades.

“Todo varía en razón de la carga de trabajo. No puedes decir que este mes te vas a gastar un peso o 2 pesos, porque a lo mejor te vas a gastar 5. Existe la obligación, por parte de la autoridad, de buscar y ante eso no hay un límite de recursos para este tema de la búsqueda de personas”, dice.

No obstante, una de las principales quejas de las familias de desaparecidos ha sido la recurrente falta de vehículos funcionales, gasolina y hasta papel para los oficios, por parte de esta Fiscalía de Desaparecidos a la hora de practicar sus distintas diligencias y operativos.

“No se le dedica mucho recurso a la Fiscalía, a veces los ministerios públicos no tienen ni gasolina para moverse, no tienen ni hojas para copias”, asevera Diana Iris García, de FUNDEC – FUNDEM, el más antiguo en el estado.

Semanario solicitó al área de Transparencia de la Fiscalía General del Estado un análisis del presupuesto asignado y ejercido por la Fiscalía de Desaparecidos, al menos en los últimos 10 años.

Esta dirección respondió que en las memorias financieras disponibles no se precisa tal información.

“Es uno de los temas muy recurrentes en las solicitudes de información. Nos preguntan desde cuánto se asignó para la fiscalía encargada de ver el delito de tortura, de feminicidio, de desaparecidos, y la respuesta que nosotros siempre damos es en el sentido de que no tenemos un presupuesto asignado en específico por área, sino que se aplica de manera global y según van surgiendo las necesidades se va haciendo el gasto”, informa la Unidad de Transparencia de la FGE.

Centro Regional de Identificación Humana, tras la historia de 800 cuerpos

Actualmente, el Centro Regional de Identificación Humana, adscrito a la Comisión Estatal de Búsqueda, labora en el reconocimiento de los más 800 cuerpos que fueron sepultados en fosas comunes de panteones municipales de Coahuila, así como los más de 100 mil restos óseos que han sido encontrados por los colectivos en cementerios clandestinos.

El balance más reciente del CRIH dice que durante 2021 se realizaron cinco exhumaciones con enfoque masivo en los panteones 1 y 2 de Torreón; en el de Matamoros, la Paz en Saltillo y San Ignacio, en Ramos Arizpe. Los trabajos dieron como resultado la recuperación de 731 cuerpos, de los cuales se ha conseguido identificar a 9.

La identificación del resto de los cuerpos, recuperados, resguardados y analizados por el CRIH, podría tardar incluso años, advierte Yezka Garza Ramírez, coordinadora general de este centro, único en su tipo en todo el país.

“Ahorita continuamos con el análisis post mortem de todos los cuerpos recuperados, por el equipo multidisciplinario que hace su dictaminación y es ahí donde se toman las muestras osteológicas para su procesamiento genético”.

Garza Ramírez añade que en diciembre el equipo forense del CRIH logró muestrear la totalidad de los cuerpos recuperados y dichas muestras fueron ingresadas a los laboratorios de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, esto en tanto se logra la validación de los procesos e insumos del laboratorio del Centro.

“Estamos implementando un trabajo muy importante por parte del área de documentación que está buscando a todas aquellas familias que tienen una persona desaparecida, según la base de datos de la Fiscalía General del Estado”.

- ¿En cuánto tiempo prevé que vayan a realizar las identificaciones de todos los cuerpos que se exhumaron?, ¿Podrían pasar años?

- Sí, pueden pasar años, depende de la situación de cada cuerpo, de la temporalidad de la exhumación y, sobre todo, del gran reto para este 2022 del CRIH, y que es poder concentrar el mayor número de información genética de las familias.

En tanto Marcela Balderas sigue sin encontrar a su hijo Cosme, un entusiasta preparatoriano que una mañana de 2011 salió de su casa en la colonia División del Norte de Torreón, Coahuila, rumbo a un centro comercial donde trabajaba como paquetero, y ya no regresó.

Desde 2018 y hasta la fecha se han realizado tres exhumaciones en el panteón 2 de Torreón, pero el cuerpo de “Cosmelín”, como lo llamaban sus familiares, no ha sido encontrado.

“La búsqueda se está haciendo más pesada. Es tan difícil y cansado estar con esta situación porque no se ve trabajo, no se ve que estén haciendo nada”, dice su mamá.

La ‘infinita’ carga de casos; doce años de desaparecidos

“¿Cuál es la carga de trabajo? INFINITA”, así, en concreto y en mayúscula responde la Fiscalía de Desparecidos de Coahuila la solicitud de información gestionada por Semanario.

A continuación, se muestra un análisis de datos de los casos de desaparición y no localización en esta entidad reportados por la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila.

Se seleccionó una muestra de 12 años, de 2009 a 2020, por considerarse el periodo más álgido de violencia y del cual aún hay saldos negativos en materia de justicia.

En México suele haber diferencias entre los datos de las fiscalías estatales con los que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda que depende de la Secretaría de Gobernación.

En este periodo, la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila registra 2,012 casos, mientras que el RNPD consigna un 38 por ciento más, es decir, 2 mil 778 personas que, entre los años 2009 y 2020 salieron de su casa y no regresaron más.

Para este análisis se consideran los datos de la Fiscalía, es decir, las carpetas de investigación que representan la carga de trabajo que la dependencia califica como “infinita”.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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