El titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), Ricardo Iván Carpio Sánchez, dio más detalles entorno al caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, a quien le arrebataron la vida el pasado 23 de enero a las afueras de su domicilio en Tijuana, Baja California.
Carpio Sánchez aseguró que durante los primeros indicios de la investigación se descartó que el trabajo periodístico de Maldonado haya influido con su lamentable desenlace.
“Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tengan que ver con su actividad profesional”, declaró el fiscal en conferencia de prensa.
Por su parte, la gobernador de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda, exhortó a las dependencias gubernamentales correspondientes a llevar a cabo una investigación integra, no sólo en el caso de Maldonado sino también en el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, hecho que se dio sólo 6 días antes en la misma ciudad.
“Desde el primer momento en que nos enteramos de este suceso, así como también el de Margarito Martínez Esquivel, abordamos los temas con total responsabilidad haciendo uso de todos los recursos que contamos para resolverlo y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos, apegados a las disposiciones legales exhortamos a las autoridades a llevar a cabo la investigación de manera coordinada con las autoridades federales”, mencionó Ávila Olmeda.
Durante la conferencia matutina del miércoles 9 de febrero, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría se Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que durante la madrugada de dicha fecha fueron detenidos tres presuntos responsables del asesinato de la periodista.
Según las investigaciones realizadas por el gobierno estatal, en colaboración con entidades federales, como lo son la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como el Centro Nacional de Inteligencia, Lourdes Maldonado habría sido asesinada con un sólo disparo mortal por arma de fuego, calibre 45, que le atravesó el rostro.
Gracias a videos proporcionados por vecinos, se encontró que un taxi estuvo rondando el lugar en el que vivía la periodistas, ubicado en la Villas de Santa Fe, en Tijuana, Baja California, momentos previos y también posteriores a su asesinato.
Esta evidencia fue clave para localizar a los presuntos autores materiales, ya que, según la declaración de Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, “Esto permitió detectar la trazabilidad y dar con los perpetradores”. A la par con dichos elementos recuperados por las investigaciones se pudieron levantar las ordenes judiciales de persecución, aprehensión y cateo.
Cabe mencionar que el 26 de marzo de 2019 Maldonado acudió a Palacio Nacional, durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a solicitar protección pues su situación legal estaba siendo afectada por un “personaje de la política mexicana”, refiriéndose al exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
“Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Se trata de un pleito que tengo seis años con él (...) Vengo a pedirle ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”, declaró.
Luego del asesinato de la periodista, el abogado que la representó en la batalla legal que tuvo con Bonilla Valdez, Eduardo Edmar Pérez Castro, afirmó que su clienta recibió amenazas por parte del exgobernador.
“Sí me comentó que había sido amenazada. Jamás le pregunté qué le dijeron, porque sabemos que era una persona muy importante, (Jaime Bonilla) era senador en ese momento”, señaló Perez Castro en entrevista para Imagen Radio el pasado 27 de enero.
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