El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que su Gobierno ya no impulsará nuevos mega proyectos para lo que queda de su sexenio. Esto con el propósito de “no dejar pendientes” para administraciones futuras, a excepción de los programas sociales, los cuales, destacó, ya fueron elevados a rango Constitucional.
“No va a haber pendientes. El propósito es terminar todo, por eso ya no se van a iniciar obras nuevas. Y no queremos endeudar al país, ya vamos a ir como vamos”.
Y es que, durante su conferencia matutina, el mandatario aceptó que la construcción del Tren Maya había presentado retrasos en el avance de las obras, tanto así que, incluso, advirtió a una de las empresas con revocar su respectivo contrato.
Su inauguración está programada para junio y noviembre del 2023, por lo que el 2022 figura como la última etapa para avanzar significativamente en las obras. De hecho, también habría sido este desafío el que respaldó la designación de Javier May Rodríguez a la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Por otra parte, el Federal espera terminar de tres mega obras para este 2022: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas y el Tren Interurbano México-Toluca.
Así lo declaró López Obrador en la mañanera del 03 de enero, en donde, en un primer momento, refrendó su compromiso de culminar la construcción del puerto de Santa Lucía en marzo del 2022.
“Este año va a ser importante. Se va a entregar el Aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo. Están (los militares) trabajando día y noche (...) Vamos a terminar en tiempo”, mencionó durante su primera conferencia de prensa del 2022″.
Respecto a la Refinería “Olmeca”, en Tabasco, el Jefe del Ejecutivo aseguró que México estaría procesando 340 mil barriles de petróleo crudo diario una vez se culmine la construcción: “Vamos a ser autosuficientes”, destacó.
“Ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel, en el extranjero. Significa también que ya no vamos a vender petróleo crudo, vamos a extraer solo lo necesario para abastecer el consumo interno”, reconoció.
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Cabe recordar que el 14 de diciembre trascendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) respecto a la aplicación del llamado “decretazo” a las obras públicas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En consecuencia, el gobierno federal no podrá clasificar la información relacionada a los proyectos u obras de infraestructura pública como “reservada”, tal y como lo había decretado el jefe del ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre.
Esto porque el pasado 8 de diciembre, el Inai anunció que promoverá una controversia constitucional ante la SCJN para contravenir lo declarado en el “decretazo”. Con lo cual, el organismo autónomo manifestó su aversión a que el gobierno tipifique las obras y proyectos de infraestructura nacional como de interés público y seguridad nacional.
Conforme a derecho, y en un marco técnico muy específico, el Inai es el único organismo facultado para acudir a la Suprema Corte y acusar una controversia constitucional, esto porque las funciones particulares de este instituto descentralizado argumentaron favorablemente el “principio de agravio”.
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