El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció ataques por parte de la organización criminal Los Ardillos en contra de los habitantes de las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, pertenecientes al municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero.
En un comunicado emitido el domingo 30 de enero, el CIPOG-EZ informó que los ataques comenzaron a las 7:40 horas y se prolongaron hasta por dos horas sin que “autoridad alguna interviniera”.
“Estamos atravesando por momentos difíciles, el grupo narco-paramilitar Los Ardillos ha desatado una nueva escalada de violencia, con desapariciones e incursiones, como las de esta mañana en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en las que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego contra sus habitantes”, apuntó el documento.
También denunciaron que a pesar de que en la comunidad de Tula se encuentra una Base de Operaciones Mixtas (BOM), las autoridades “no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dice la parte gubernamental en un comunicado”.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por su parte, afirmó que la Policía Estatal procedió “de inmediato a dar atención” y se refirió a los hechos registrados en Chilapa de Álvarez como un enfrentamiento entre los propios pobladores, sin mencionar a Los Ardillos.
“Se tuvo comunicación con los comisarios de esas localidades para evaluar la situación y evitar que los pobladores continuaran agrediéndose entre sí con disparos desde el aire”.
Ante ello, el CIPOG-EZ desmintió la versión oficial y aseguró que no se trató de un enfrentamiento entre los pobladores de la comunidad, sino de un ataque por parte del grupo delincuencial conocido como Los Ardillos.
“Resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron atacar Los Ardillos. Dejamos claro que en el comunicado del gobierno no aclaran quienes fueron los que nos atacaron, lo cual nos deja mucho que pensar, vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen”.
La SSP confirmó que no se recibieron reportes de personas lesionadas o de algún deceso y aseguró que en las inmediaciones de Tula y Colotepec se mantiene presencia de personal que integra la Base de Operaciones Mixtas (BOM), conformada por la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado.
También informó que se implementa el operativo interinstitucional Estrategia para la Paz en las localidades de Tula y Alcozacan.
Mientras tanto, el consejo indígena hizo un llamado a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos para que “estén atentos a lo que pueda suceder”.
“Aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional y de otras autoridades, éstas no permanecen en el lugar para protegernos y no dudamos que Los Ardillos vuelvan atacarnos. Como CIPOG-EZ, mantendremos las denuncias y la defensa de la vida, por lo que sabemos que nuestras vidas corren peligro, frente a lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda suceder, pues saben lo que pasa en Guerrero”, sentenciaron.
El estado de Guerrero —en la Costa del Pacífico— es un territorio salvaje, donde varios grupos de narcotraficantes aterrizan a plena luz del día, campan por respeto, y aterrorizan a la población. Una de esas células conocida como Los Ardillos se apoderó desde hace años de las comunidades de Chilapa y Joaquín Herrera.
Los testimonios de estas zonas señalan un extremo muy preocupante, de sobra conocido por todas las autoridades: los narcos han comenzado a levantar a gente para engrosar sus filas. El diario Milenio ha documentado que tan sólo en los primeros días del pasado mes de diciembre, tres indígenas nahuas fueron desaparecidos.
Los habitantes refieren que fue desde 2016 cuando comenzaron a cooptar a las comunidades. Se apoderaron de rutas y ejidos e instalaron sus laboratorios y plantíos. Con 3,533 millones de habitantes, Guerrero no ha logrado contener las embestidas del narco.
Los asesinatos, secuestros y extorsiones se han sucedido en uno de los principales canales de paso para la distribución de marihuana y opio.
En un informe publicado por The International Crisis Group sobre la situación de violencia en el estado, se informa que al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal con altísimas tasas de impunidad.
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