Organismos internacionales de derechos humanos condenaron el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Tijuana y tercero contra periodistas registrado en México en lo que va del año.
La muerte de Maldonado, junto con la de otros dos reporteros: José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz, y Margarito Martínez, ocurrido también en Tijuana, Baja California; ha conmocionado el gremio en este país porque la periodista había acudido a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019 para denunciar que temía por su vida.
En un comunicado conjunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reprobaron el asesinato de la periodista al tiempo que instaron al Estado mexicano “a investigar de forma pronta, seria e imparcial los hechos”.
También solicitaron que se determine la relación que podrían tener los hechos con su labor periodística y reforzar los mecanismos de prevención y protección a las personas que ejercen el periodismo.
Los organismos recordaron que Maldonado cubría temas policiales, de corrupción y de política local en el estado de Baja California desde hace más de 20 años.
Apuntaron que a lo largo de su trayectoria, trabajó para distintos medios locales y nacionales, además de conducir programas de noticias en radio y televisión.
Al momento de su muerte tenía un espacio informativo propio sobre diversos temas de interés público.
Según la información disponible hasta el momento, el 23 de enero de 2022, sujetos atacaron con arma de fuego a la reportera cuando se encontraba en el interior de un automóvil a las afueras de su vivienda.
La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que abrió una carpeta de investigación a través de su Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida.
En 2021 Maldonado habría sido blanco de atentados intimidatorios, como el presunto ataque con disparos con arma de fuego y golpes a su automóvil en marzo y abril.
Luego de estos hechos, el Fiscal General de Baja California informó que la periodista habría recibido medidas de protección del estado, que incluyeron rondas de vigilancia, comunicación con la policía y un botón de pánico.
Por ello, la CIDH, su RELE y ONU-DH consideraron crítico que, a menos de un mes de haber comenzado el año, “se hayan reportado tres asesinatos de periodistas en México -dos en la ciudad de Tijuana- y al menos en dos casos las víctimas habrían intentado acudir a las autoridades para reportar su situación de riesgo”.
Según la organización Artículo 19, México suma 148 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el actual mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.
El pasado 26 de enero, el responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque, reconoció que en los casos de agresiones contras activistas y periodistas la impunidad es mayor al 90% y señaló que a 10 años de la creación del Mecanismo “pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades”.
A través de un comunicado, el también titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob aseveró que la protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos es obligación del Estado y que los tres niveles de Gobierno “tienen obligaciones y responsabilidades específicas para atender el tema”.
“La impunidad superior al 90% en los casos de agresiones es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos”, expuso Irazoque y detalló que de diciembre de 2018 a la fecha se tienen contabilizados 52 asesinatos de periodistas y 97 de personas defensoras de derechos humanos.
El 57% de las agresiones contra periodistas se concentra en seis entidades: Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz; mientras que entre 40 y 45% de las agresiones “proviene de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado”.
Con información de EFE
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