La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron los coordinadores de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
La demanda fue presentada por los líderes parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes aseguraron que la partida presupuestal para el próximo año que se aprobó en San Lázaro transgrede el principio de progresividad, el cual se encuentra enmarcado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Por lo anterior, este 27 de enero el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite la impugnación; no obstante, se rechazó la solicitud de los legisladores para dar trámite prioritario al asunto, debido a que son una minoría legislativa y “no están legitimados para promover la referida solicitud”.
En este sentido, si la Suprema Corte tarda en presentar un proyecto para resolver la impugnación o si tarda en debatirlo ante el Pleno del Máximo Tribunal antes de que finalice el año, la acción podría quedarse sin materia, pues su vigencia es para el año 2022.
Controversia constitucional contra el PEF 2022
El 28 de diciembre, los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la alianza “Va por México” en la Cámara de Diputados dieron a conocer que presentaron un recurso contra el Presupuesto 2022, al advertir que se transgrede el principio de progresividad y no regresividad.
“Este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos”
Por medio de un comunicado de prensa, los líderes parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) indicaron que el presupuesto que se aprobó viola el principio debido a que se recortó y no aumentó la cantidad de dinero destinada a programas sociales o dependencias especializadas, mismos que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos.
Los legisladores, de manera específica, reclamaron la invalidez de los recortes a las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres; del medio ambiente y recursos naturales; recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes; acciones para la prevención del delito; combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, entre otras aportaciones federales para entidades federativas y municipios.
Asimismo, recordaron el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y como se “obligó” al órgano colegiado a seguir con sus actividades constitucionales previstas para el 2022 “sin los recursos suficientes”.
“Este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes; vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de Revocación de Mandato”, aseveraron los coordinadores parlamentarios.
Finalmente, la coalición celebró que, por primera vez, tres partidos impugnen juntos el presupuesto, reconociendo su trabajo a favor del respeto de los derechos humanos.
Cabe recordar que semanas antes de presentar la acción de inconstitucionalidad la coalición, el INE interpuso ante la Suprema Corte un recurso contra el presupuesto, argumentando que con el recorte de casi 5 mil millones de pesos, la Cámara de Diputados lo dejó sin fondos para cumplir con la Revocación de Mandato.
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