Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se anotó una victoria luego de que este miércoles, un Tribunal federal desechó la impugnación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para evitar la liberación de Lozoya Austin por el caso de Agronitrogenados.
La titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, Isabel Cristina Porras Odriozola, determinó que no procede el amparo contra el fallo de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quien el pasado 21 de noviembre ordenó la colocación de un brazalete electrónico a Emilio Lozoya para poder enfrentar el proceso del caso Agronitrogenados fuera de la cárcel.
“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares…no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, señaló.
“No genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida, pues resulta evidente que el imputado sigue sujeto a proceso a través de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de veintiocho de julio de dos mil veinte. Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano”, determinó el Tribunal.
De esta manera, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto podría salir de prisión si José Artemio Zúñiga, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, deja sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht.
A las 13:30 horas de este miércoles está programada la audiencia por el caso Odebrecht, en donde el juez Zúñiga Mendoza deberá revisar nuevamente si Lozoya Austin debe permanecer o no en prisión preventiva de oficio. En caso de que el juzgador revoque la decisión, el exdirector de Pemex deberá abandonar el Reclusorio Norte de manera inmediata.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial consultadas en días pasados por Infobae México, el juez no deberá tomar en cuenta la capacidad económica del acusado ni su actitud procesal en presuntos actos de corrupción.
Cabe recordar que Emilio Lozoya interpuso dos recursos de apelación contra la prisión preventiva en las causas penales que se le siguen y el pasado 21 de enero le fue concedido que se modificara esa opción para seguir su proceso fuera de la cárcel con un brazalete electrónico, lo cual obtuvo desde julio de 2020 tras negociar colaboración con la FGR.
Lozoya Austin recibió este beneficio tras aceptar su responsabilidad en la compra a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes Agro Nitrogenados, cuyas instalaciones se adquirieron por 475 millones de dólares, cuando el acusado estaba al frente de Pemex y en tratos con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) de Alonso Ancira.
Tras los recursos de apelación concedidos a Lozoya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió suspender las acciones ordenadas por el Tribunal a través de un amparo y así evitar la obstrucción en la continuidad de los procesos en que el detenido se enfrentaría a 54 años de cárcel.
La defensa legal de Emilio Lozoya ha propuesto colaborar y devolver al menos 5 millones de dólares como pago por daño al erario público y para ello ofreció dos de sus casas, pero Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Fiscalía General de la República (FGR) rechazaron la oferta, toda vez que el representante del Ministerio Público Federal aseguró que el daño producido por la conducta de Lozoya es de 7 millones de dólares..
El pasado mes de noviembre, José Artemio Zúñiga dictó la prisión preventiva a Emilio Ricardo Lozoya Austin por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, luego de que el exdirector de Pemex acudió a una audiencia presencial el 3 de noviembre para enfrentar los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
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