La muerte de la periodista, Lourdes Maldonado, en la noche del 23 de enero, volvió a evidenciar la violencia en contra de quienes ejercen la profesión en México - y la impunidad hacia las víctimas mortales.
Y es que a tres semanas de iniciado el 2022, tres periodistas han sido brutalmente asesinados: dos en Tijuana, Baja California; y uno más en Veracruz, el estado que más homicidios a periodistas ha reportado (con más de 30 casos) desde el 2000, según Artículo 19.
Con este panorama rememorado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), refrendó su compromiso de “investigar a fondo” el caso de Lourdes prometiendo cero impunidad en el mismo.
“Estamos obligados a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y ciudadanos. Por eso trabajamos todos los días y tenemos confianza, porque somos diferentes (...) Nosotros no permitimos la impunidad”,
El mandatario aseguró que “casi siempre se detienen a los responsables” de los asesinatos en México. Sin embargo, casi una semana previa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reveló que más del 90% de los homicidios quedan impunes.
Según la Secretaría de Gobernación (Segob), al corte de octubre del 2021 se tenían registrado 47 asesinatos a periodistas desde el inicio de la administración.
De éstas, detalló la dependencia, sólo se ha dictado sentencia en 5 casos, es decir, el 9% de las víctimas han “recibido justicia”. En tanto, 7 siguen en judicialización (9%); 33 en fase de investigación (74%), y 2 no tienen ejercicio de la acción penal (4%).
Cabe señalar que los agresores están vinculados principalmente a servidores públicos municipales (43%), seguido por la delincuencia organizada (33.5%). En tanto, los patrones de agresión que más predominan son las amenazas, agresiones físicas y robo.
Sin embargo, con las primeras tres muertes del 2022, la cifra de homicidios en el gobierno morenista aumentaría a 50, convirtiéndolo en el que más periodistas asesinados ha tenido en comparación con los últimos dos sexenios.
De acuerdo con un reporte de la organización Artículo 19, el gobierno de Felipe Calderón reportó 48 casos en todo su sexenio y 47 en el de Enrique Peña Nieto.
Cabe recalcar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registró un incremento del 88% de las personas afiliadas, pasando de 798 en 2018 a mil 506; de éstas, 495 son periodistas.
Pero éste y otras estrategias de seguridad gubernamentales han resultado ineficientes, pues México continúa figurando una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, especialmente, para quienes “investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado”, según Reporteros Sin Fronteras.
Bajo ese tenor, la Segob indica que más de la mitad (61.3%) de personas anexadas al Mecanismo trabajan bajo una línea política. El segundo puesto va para quienes abarcan temas policíacos, con 46.5%, y sociales en tercero, con 2.4%.
Tres años antes de su asesinato, Lourdes Mendoza había acudido a la mañanera de Andrés Manuel para pedirle ayuda en el proceso que incluía al exgobernador, Jaime Bonilla: “Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida”.
Sin embargo, el pasado 24 de enero el Jefe del Ejecutivo afirmó que el Gobierno Federal tuvo contacto con Maldonado tras la denuncia planteada en el foro, pero aseguró que el pleito legal “no era un asunto de amenazas”, ni violencia.
En tanto, en la conferencia del 25 aclaró que la reportera no estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del Gobierno Federal, sino en el estatal. Asimismo, reprochó a quienes lo acusaron de ignorar la petición de la occisa conductora.
“Dicen: ‘Fue a pedir protección al presidente y miren lo que pasó'. Como si no hubiéramos atendido a la compañera, como si no nos hubiese importado (...) Porque esa es la idea que quieren proyectar de manera perversa”.
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