Sergio Gutiérrez Luna aseguró que para favorecer al país, a la democracia y al Instituto Nacional Electoral (INE), “Lorenzo Córdova y Ciro Murayama deben renunciar a sus cargos y afiliarse a un partido político para que, de manera legítima, participen como actores políticos tal y como ya lo hacen”.
Esta crítica salió a la luz este miércoles 19 de enero durante la sesión de la Comisión Permanente, misma en la que señaló que tanto el consejero presidente del INE como el miembro del consejo electoral “ya no son árbitros sino actores de oposición que han perdido el rumbo y su defensa está enfocada en el dinero y los privilegios”.
El también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma que modifica a la Ley de Amparo, misma que regula los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, también de la Carta Magna.
De tal modo que cuando acudió a participar en la tribuna del recinto legislativo, aprovechó para arremeter contra los consejeros que manifestaron su aversión a realizar la Revocación de Mandato con el presupuesto que le fue asignado al INE por parte del gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
Bajo esa lógica, Gutiérrez Luna aseguró que el país ya cambió y lo que no quieren aceptar los consejeros “es que violan la Constitución al ganar más que el presidente”. Y explicó que la iniciativa que presentó tiene como objetivo que no procedan las suspensiones y que no se valgan de ellas porque están violando la ley.
Además, recordó que desde agosto de 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, entró en vigor el mandato constitucional que consiste en que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el jefe del Ejecutivo Federal.
La propuesta establece que, en materia de juicio de amparo, se presume que se afecta el interés social al suspender el proceso que contraviene a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).
Es decir, dicha iniciativa tiene un objetivo muy concreto: garantizar y dar eficacia en la sede jurisdiccional del juicio de amparo y de la controversia constitucional, en relación al régimen de salarios máximos para los servidores públicos.
Precisó que, en el ámbito de las controversias constitucionales, son de destacar las demandas y las solicitudes de suspensión que, de manera sistemática, han promovido órganos autónomos desde el inicio de vigencia de la LFRSP en el año 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se bajó su sueldo a casi la mitad de lo que ganaba el presidente inmediato anterior.
Cabe recordar que cuando Enrique Peña Nieto (EPN) dejó la presidencia fue con un salario mensual de 259 mil 627 pesos (USD 13 mil aproximadamente). Y que cuando AMLO reajustó su sueldo como mandatario, éste quedó en 138 mil 578 pesos (USD 7 mil aproximadamente), por lo que las remuneraciones de los demás funcionarios debieron de reacomodarse en función de las percepciones del jefe del Ejecutivo Federal.
Finalmente, el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que esto contradice el ánimo suscrito en los PEF aprobados por la Cámara de Diputados desde que inició esta misma administración, en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la nación.
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