De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador “provocará que la empresa (CFE) se vuelva aún más dependiente de los subsidios del Estado”.
A través de un artículo publicado en su página oficial, esta organización civil puso en tela de juicio las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mismas que favorecerán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al otorgarles el 54% de participación en el ramo (generación, transmisión, distribución y comercialización).
Para argumentar su postulado, la institución explicó este miércoles 19 de enero que al cierre de 2020 la CFE generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada en México y, aunque la comisión tiene capacidad instalada de generación para producir más energía, esto no ocurre porque “sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos”.
Por lo que advirtió que si se llegara a aprobar la iniciativa del ejecutivo federal, la comisión a cargo de Manuel Bartlett se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía eléctrica demandada en el país, los cuales terminaría repercutiendo en el costo final que debe pagar el consumidor.
Conforme a las estimaciones de esta asociación civil, la supuesta subida en los precios de consumo afectarán a consumidores, el clima de inversión, las finanzas públicas y la economía del país.
“No es necesario erogar recursos públicos adicionales en un segmento donde actores del sector privado, mediante la correcta regulación por parte de organismos autónomos, pueden asumir el riesgo financiero y la responsabilidad”
Asimismo, sugirió que la CFE “debe priorizar las inversiones en sus monopolios legales, es decir, reforzar y expandir sus redes de transmisión y distribución, donde si la empresa no invierte, nadie más lo hará”. Por lo que planteó tres escenarios en los que la comisión podría llegar a la meta de tener una participación del 54% en el ramo sin aprobar la Reforma Eléctrica.
1.- Se plantea un supuesto en que la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y en la renovación de 14 de las 60 centrales hidroeléctricas, y el resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados.
La CFE enfrentaría un costo de 512 mmdp a precios del 2021 para el periodo 2022-2028: 427 mmdp para generación eléctrica, 70 mddp de inversión y 15 mmdp de operación y mantenimiento.
2.- CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y se aumenta el factor de planta (indicador que refleja la relación entre la energía real generada en un tiempo determinado y la energía que se habría producido si la planta operara al 100% de su capacidad) de todas las hidroeléctricas de 40 a 60% (promedio mundial). El resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados.
La CFE enfrentará un costo de 406 mmdp a precios del 2021: 324 mmdp por costos de generación, 73 mmdp por costos de inversión y 9 mmdp por costos de operación y mantenimiento.
3.- La CFE compra su energía adicional en las subastas de largo plazo (donde los suministradores y grandes usuarios pueden celebrar contratos anuales de largo plazo -15 años para energía y potencia y 20 años para Certificados de Energías Limpias- que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017) sin cambios a la legislación existente. De comprar la energía adicional en las subastas de largo plazo, la CFE tendría que cubrir un costo de 94 mmdp a precios del 2021.
Este escenario es conservador en la medida que los costos de generación renovable no son estáticos, sino que han registrado reducciones por las mejoras tecnológicas.
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