Ex funcionarios fueron imputados por la “privatización de cárceles” iniciada en sexenio de Felipe Calderón

Los ex funcionarios señalados de participar en la llamada “privatización de las prisiones” ya fueron imputados por diversos delitos alrededor de los contratos de diversos centros penitenciarios adjudicados a la iniciativa privada.

Durante la audiencia desarrollada el día 17 de enero de 2022, se dio a conocer que se terminó de formular la imputación de uso indebido de las atribuciones y facultades para los siguientes ex directivos en cárceles mexicanas:

Jannet Miriam Martínez Sánchez, Antonio Corona Rodríguez, Javier de Haro Alva, María Lidia Alcantar Vargas, Celina Oseguera Parra, Sergio Alberto Martínez Castuera, José Ariel Morales López, Miguel Vial Hernández, Salvador Camacho Aguirre, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, Saúl Castro Castro, Alma Delia Sánchez Ocampo, Gonzalo Villarreal Guerra, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Arturo Sosa Viderique.

Tres más fueron imputados por las autoridades por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa. Se trata de Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Gonzalo Villarreal Guerra y Arturo Sosa Viderique.

Será este 18 de enero, en punto de las 10:00 horas cuando se presenten las réplicas de las respectivas defensas, así como la resolución correspondiente a la vinculación o no a proceso, de acuerdo con los reportes del Poder Judicial.

La denuncia fue presentada por el Gobierno Federal, representado por Andrés Manuel López Obrador, ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien aseguró que las acciones comenzaron en el sexenio de Felipe Calderón con García Luna a la cabeza de la Secretaría de Seguridad.

En este sentido, AMLO dio instrucciones al consejero jurídico de la Presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales; sin embargo, en caso de no llegar a un arreglo, entonces irán a la instancia de la denuncia civil para cancelar todos los contratos.

En el mes de enero de 2021, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para la administración de ocho centros penitenciarios.

De acuerdo con la información del Gobierno Federal, estos contratos iniciaron en el año 2010, cuando Felipe Calderón estaba en Los Pinos y en la Secretaría de Seguridad Pública mandaba Genaro García Luna, hoy investigado por delitos de narcotráfico.

Estos contratos fueron firmados hasta el año 2032 y en algunos casos incluso hasta 2037, por un total aproximado de 266 mil 300 millones de pesos, de los que aún tenían un monto pendiente por pagar de 190 mil millones 638 pesos.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que el costo mensual de cada interno se llegó a estimar hasta en 114,588 pesos; un promedio diario de tres mil pesos.

Los penales involucrados estaban ubicados dos en Guanajuato, uno en Sonora, otro en Oaxaca, uno más en Durango, uno en Chiapas, otro en Michoacán, así como el femenil de Morelos.

Estos contratos fueron adjudicados directamente a empresas del sector privado como Arendal, GIA, ICA, Prodemex, Tradeco y Grupo Ideal, como lo informó el el informe Privatización del Sistema Penitenciario en México, de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Entre los apartados que destacan de los contratos, destaca que los centros presidenciales son propiedad y responsabilidad de la SSPC, mientras que al concluir la vigencia de los contratos, el inmueble y sus instalaciones serán propiedad del proveedor.

El 22 de abril de 2021, se informó que renegociaron diversos contratos, así como el traspaso de las instalaciones al Estado al final de cada convenio. En este sentido, indicaron que el ahorro anual podría ser de hasta 2,300 millones de pesos, es decir, 15% menos de lo firmado.

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