El pasado 15 de enero, Puebla se estremeció por el macabro hallazgo de un bebé de tres meses en los botes de basura del penal de San Miguel, el cual habría sido asesinado al interior del recinto luego de una visita familiar.
El violento hecho volvió a dejar de manifiesto la corrupción en los reclusorios, así como la carencia de protocolos y espacios seguros para que menores convivan con sus familiares de manera segura, de acuerdo con fundación Reinserta.
Cuestionado por este hecho, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las indagaciones pertinentes para adjudicar responsabilidades, no sin antes advertir que de éstas “va a aparecer mucha porquería”.
“Es un asunto muy grave. Va a aparecer mucha porquería en todo esto y la vamos a dar a conocer una vez que esté acreditado todo”.
En conferencia de prensa el morenista aclaró que las investigaciones se han realizado en secrecía, de ahí la “ausencia” de la Fiscalía pues, aseguró, posteriormente se emitirá un reporte con información acreditada: “Se maneja con la secrecía necesaria para alcanzar la verdad”.
A pesar de ello, el funcionario mencionó que una de las líneas de análisis son la fecha y el lugar del nacimiento del bebé; en ese tenor, descartó que el menor hubiera nacido dentro del penal.
Sin lujo de detalle, también dijo que el órgano considera en la carpeta el plazo transcurrido desde el nacimiento, hasta el descubrimiento del cuerpo; el método por el cual ingresó al penal; las personas quienes permitieron su introducción, y la identidad del padre y la madre - quienes aún se mantienen en calidad de desconocidos.
Asimismo, Barbosa aprovechó para confirmar que el bebé sí fue encontrado con una cirugía en el apéndice, tal cual los reportes extraoficiales indicaban: “Llevaba una cirugía su cuerpecito. El apéndice”
Finalmente, refrendó el compromiso de su Gobierno para comunicar los avances de las indagaciones, así como proporcionar la información que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requiera para su respectivo expediente.
“La Fiscalía está avanzando. (...) Le vamos a entregar (a la Comisión) toda la información que se tenga del gobierno. Pronto dará resultados de este hecho siniestro del cual estoy pendiente detalle a detalle”, aseveró.
Sin embargo, en un comunicado oficial, la fundación Reinserta aseguró que el hecho reflejó la superioridad del Centro de Reinserción Social (Cereso) “autogobernado” a las autoridades penitenciarias y las que se hallan al mando de Barbosa.
“Son cómplices de los actos de corrupción que se viven al interior (...) Como sociedad exigimos contar con verdaderos espacios libres de violencia para esta población vulnerable en contacto con las cárceles”.
Esta preeminencia, indica el documento, se apreció de igual modo el pasado 29 de diciembre cuando una riña en las habitaciones dejó a un recluso muerto, presuntamente derivado por la inconformidad a las limitaciones en las visitas conyugales.
Los protestantes involucrados indicaron que la suspensión no había aplicado de igual manera entre los custiodos, pues, denunciaron, algunos de éstos cobraban cuotas ilegales para permitir que los aplicantes accedieran a dicho derecho.
Los sujetos que habrían iniciado el enfrentamiento fueron identificados como Israel Tobón, José Sarmiento y Óscar Téllez, miembros de la banda “Los Toscano”.
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