La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a una veintena de ex mandos del sistema penitenciario federal por presuntas irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho centros federales de readaptación social.
La audiencia inicial se llevará a cabo a las 10:00 horas de este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Se trata de la tercera ocasión en la que se intenta llevar a cabo la audiencia por la causa penal 45/2021. Las dos veces anteriores no pudo realizarse debido a que los imputados desconocían la carpeta de investigación y uno de ellos se ausentó por motivos de salud.
La primera audiencia de imputación se solicitó el 23 de junio, pero a petición de la defensa se difirió porque muchos de los señalados apenas habían tenido acceso a la carpeta de investigación o no habían sido notificados.
En la segunda ocasión, fechada para el 18 de octubre, y cuando ya estaban todos notificados, Javier Haro de Alva, exdirector del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), no asistió por cuestiones de salud y logró que la FGR le concediera un criterio de oportunidad a cambio de convertirse en testigo colaborador.
Con la información que aportó, la FGR integró la carpeta contra él y el resto de los exservidores públicos, aunque también está obligado a presentarse a la diligencia de este lunes 17 de enero.
Las irregularidades por las que fueron citados ante un juez federal los ex servidores públicos presuntamente costaron más de 200 mil millones de pesos al erario. Además, la FGR presume que pagaron un sobreprecio de 62 mil millones de pesos en ocho contratos en para la construcción y prestación del servicio en las prisiones de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
Entre los imputados se encuentran el ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, general Sergio Alberto Martínez Castuera; Miguel Vital, Raúl Gerardo Lemus, Óscar Moreno, Antonio Molina, Sergio Montaño (ex oficial de la SSP), Celina Oseguera (coordinadora de los Centros Federales de Readaptación), Arturo Sosa, Marco Antonio Villarreal y el general Salvador Camacho, ex mando de la Policía Federal que participó en operativos en Tanhuato y Nochixtlán.
El ex director de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Pablo Uribe, es el único ex funcionario que cuenta con una orden de aprehensión derivada del caso del el empresario Víctor Manuel Álvarez y su esposa Inés Gómez Mont, quienes fueron señalados por desviar más 3 mil millones de pesos.
El caso se derivó de una investigación en 2021 donde un juez federal en el Centro de Justicia del Altiplano, Estado de México, ordenó aprehender a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por la firma de ocho contratos por 270 mil millones de pesos en los penales federales por adjudicación directa.
“(Vamos informar) También lo de la privatización de los reclusorios como un ejemplo de las atrocidades que hicieron durante el periodo neoliberal , los negocios del sector privada y del sector público, esa mezcolanza , esa vinculación estrecha entre los negocios privados y los negocios públicos, o cómo se hacían los negocios privado s al amparo del poder público, como se alimentaban se nutrían los poderes, el poder económico y el poder público con este tipo de negocios”, indicó entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario ya había adelantado que se presentaría un informe detallado de estos contratos, que señaló, equivalía a mantener un hotel de cinco estrellas.
“Es el equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas, lo que cuesta mantener uno de estos reclusorios, y se le paga el 100 % aunque no estén ocupados, es más se empezó a pagarles antes de que hubiera un recluso, mes con mes, estamos hablando de miles de millones, y estamos revisando los contratos”, dijo en su conferencia del 29 de diciembre de 2020.
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