La coalición Va por México en la Cámara de Diputados solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, promover una demanda de controversia constitucional en contra del llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Lo anterior, en respuesta al acuerdo del Gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre, en el que, por instrucción presidencial, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura.
Con ello, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar permisos, licencias y autorizaciones provisionales en un máximo de cinco días hábiles, con el objetivo de iniciar proyectos a cargo del Gobierno de México.
Por esta razón, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Rubén Moreira Valdez; del Partido Acción Nacional (PAN), por Jorge Romero Herrera y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por Luis Espinosa Cházaro, consideraron que ese acuerdo es inconstitucional, ya que “carece de un fundamento y motivación válidos”.
De acuerdo con la coalición, el decreto del presidente López Obrador contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el Gobierno federal.
Los coordinadores de las bancadas de oposición señalaron, además, que los permisos provisionales pueden ser ilegales, pues se exceptúa el cumplir con los requisitos de ley para obtener licencias, permisos o concesiones al ser prioritarios para las autoridades federales.
Asimismo, Va por México advirtió que el decreto vulnera el marco normativo para la solicitud de los permisos, ya que se transgrede la determinación de su procedencia al no existir revisiones de impacto ambiental o revisiones a los posibles impactos sociales.
Finalmente, los legisladores detallaron que el decreto viola también las atribuciones conferidas exclusivamente al Poder Legislativo, al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución, así como las leyes Federales y Generales, por lo que “quebranta el principio de división de poderes establecida en la Carta Magna”.
Según se informó en el comunicado, el plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero.
Cabe recordar que el 14 de diciembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de manera parcial el “decretazo” del mandatario federal; esto, al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En su momento, el ministro Juan Luis González Alcántara rechazó clasificar como “reservada” toda información pública de los proyectos insignia de la actual administración como los son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, entre otros.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, se detalló en el acuerdo publicado por el máximo tribunal del país.
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