Un juez de control canceló la orden de aprehensión en contra de Raymundo Collins Flores, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México; ex funcionario que habría adjudicado más de cinco millones de pesos a una empresa de capacitación por menos de dos meses de servicio.
El magistrado del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México en la Unidad de Gestión Judicial número 12 fue quien solicitó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) la orden de aprehensión en contra del acusado, pero este lunes 13 de enero decidió cancelarla debido a un amparo que Raymundo Collins consiguió obtener.
Asimismo, el jurista dictaminó que no expedirá otro mandamiento judicial de ese tipo en contra del ex funcionario, pues negó que exista la necesidad del mismo tras la decisión de Julio Veredín Sena, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
Este recurso legal fue otorgado al detectar “vicios legales” en el proceso, decisión que fue impugnada por los fiscales que acusan a Raymundo Collins de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Además, el ex funcionario alegó que la fiscalía violó sus derechos humanos al intentar detenerlo sin tener una razón legítima para hacerlo, pues aseguró que no ha cometido ningún delito.
La defensa del ex funcionario ya había logrado dejar sin efectos otra orden de aprehensión en su contra, la cual fue expedida en octubre del 2021 e invalidada por el mismo juez, quien comunicó lo siguiente:
“Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, mediante el cual hace del conocimiento que dejo sin efectos la determinación adoptada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, así como la orden de aprehensión de siete de enero de dos mil veintiuno, como forma de conducción a proceso del quejoso; de lo que se toma conocimiento”, informó el magistrado.
Raymundo Collins es acusado por la FGJ de la CDMX de uso indebido de atribuciones y facultades cuando era titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI), pues adjudicó de manera directa el contrato para la elaboración de diagnóstico de operación para una de las áreas de la dependencia, el cual tuvo un costo de cinco millones 199 mil 816 pesos y una vigencia de 53 días.
Por este delito, se detuvo y procesó a tres servidores públicos, quienes habrían planeado, de la mano de Raymundo Collins, el desfalco al INVI, así lo aseguró la fiscalía capitalina ante el juez que rechazó ordenar su aprehensión
“Se considera que la ilegalidad del contrato es precisamente otorgar la autorización de contenido económico y sobre todo celebrar ese contrato de servicios con recursos económicos públicos con una empresa privada la cual se ha dado cuenta, pero sobre todo su señoría, por un monto de 5 millones 199 mil 816 pesos, esta suma es sumamente desproporcionada, ya que la vigencia del citado contrato es del 8 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, es decir, 53 días naturales en los cuales se pagara una cantidad desorbitada”, argumentaron los fiscales.
Asimismo, aseguraron que el ex funcionario violó la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la entidad, la cual establece que se deberán adjudicar los contratos a empresas privadas mediante licitación pública, lo cual no fue hecho por el acusado.
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