FGR cerró el caso de fiscales que cambiaron la sentencia de Javier Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no ejercerá acción penal en contra de los funcionarios señalados por retirar el cargo de delincuencia organizada en contra de Javier Duarte, el cual podía haber aumentado su tiempo tras las rejas entre 10 a 20 años; los fiscales han sido acusados por el ex gobernador de haber recibido sobornos de su parte.

De acuerdo con un oficio firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez, y con fecha del 30 de diciembre del 2021, se estipuló el “no ejercicio de la acción penal” en contra de quienes fueron acusados de participar en actos corrupción y cohecho, esto después de tres años de investigación, pues la denuncia por estos hechos se presentó a finales del 2018.

Los actos fueron cometidos por ex agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, dependencia que recibió la denuncia por el “procedimiento abreviado” ante el ex gobernador de Veracruz, pero la dependencia no informó al público o a las denunciantes sobre el proceso hasta finales del 2021.

La abogada Estefanía Medina, quien presentó la denuncia ante la FGR por el presunto caso de corrupción, y dirigente de la organización TOJIL, se manifestó en contra de la medida tomada por la fiscalía, pues en una entrevista para Animal Político aseguró que “sólo se taparon entre ellos”.

“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”, dijo la abogada.

Asimismo, adelantó que presentará un recurso ante un tribunal federal para exigir la revisión detallada del caso, ya que además del fallo insatisfactorio de la dependencia, la abogada reprobó que no se les hayan otorgado avances de la investigación, pues señaló que la FGR negó su estatus de víctima denunciante.

TOJIL denunció desde octubre del 2018 que, debido a la reducción de sentencia de Javier Duarte, podría haber existido un intercambio de dinero, bienes o servicios que “dieron lugar a una solicitud de una pena completamente inadecuada y desproporcional”, según el oficio presentado por la organización en aquél año.

Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero, pena que al pasar cuatro años y medio podría convertirse en libertad condicional si un juez lo permite, pues así lo estipula su condena, la cual podría haber alcanzado los 29 años de prisión si el cargo de delincuencia organizada no se hubiera retirado.

En 2019, el ex gobernador de Veracruz presentó una queja ante las autoridades judiciales por el irregularidades en la investigación de su caso y en la negociación que se llevó a cabo para que accediera a tomar la medida que redujo su sentencia.

Javier Duarte llegó a confesar que dio sobornos a ex funcionarios de la PGR, los cuales calificó de “extorsiones”, pues con ellos buscó que cesaran las persecuciones penales en contra de su esposa, Karime Macías; el ex gobernador se ofreció a entregar la información necesaria a las autoridades para el esclarecimiento de su caso.

Tras diversos amparos solicitados en instancias federales y numerosos conflictos con la FGR, las abogadas Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz lograron el 23 de diciembre del 2021 que la FGR les hiciera llegar la información del caso que hasta finales del año pasado había sido clasificada por la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero.

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