Cártel de Sinaloa, el principal beneficiado por el operativo “Rápido y furioso”

El Cártel de Sinaloa, antiguamente dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, fue el principal beneficiario del operativo fallido conocido como Rápido y furioso, el cual pretendía rastrear más de 2 mil armas de fuego que entraron ilegalmente a México desde Estados Unidos.

Este domingo 9 de enero trascendió que un juez de distrito, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó la aprehensión de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); El Chapo Guzmán, quien se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, EEUU; y Luis Cárdenas Palomino, extitular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), por su presunta responsabilidad en el fracaso de Rápido y Furioso.

De acuerdo con lo señalado por la fiscalía mexicana, el operativo fallido era de naturaleza “ilegal e inadmisible”. Además, se anunció que conforme a las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de EEUU, se obtuvo la información necesaria para “establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.

Para que este operativo ocurriera, se coordinó el gobierno federal mexicano con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EEUU. Y las autoridades estadounidenses se encargaron de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país.

En México, conforme a la investigación interna, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que las armas de Rápido y furioso no sólo fueron introducidas ilegalmente al país, “sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aseguró que el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, fue “la organización delictiva destinataria de las armas”. Con lo cual se revela una incógnita que no se resolvió ni en el gobierno de Felipe Calderón ni el de Enrique Peña Nieto, pues hasta ayer se decía, respecto a este caso, que las armas quedaron en manos de la delincuencia organizada, pero sin especificar dónde.

Cabe recordar que en 2016, parte del arsenal fue localizado en una de las guaridas del Chapo. Aunado a esto, desde 2019, la cancillería mexicana solicitó a la AFT información relacionada al caso, por lo que se estima que la FGR ha emprendido una investigación amplia sobre Rápido y furioso desde hace dos años y medio.

“Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad”, dijo Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuando dio lectura a la carta dirigida a la AFT para solicitar información.

“A mayor abundamiento, la identificación de la pertenencia de cada arma al operativo Rápido y furioso en territorio mexicano sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas”, concluyó el funcionario.

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