CNDH emitió recomendación y refutó a la FGR en caso de José Eduardo Ravelo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para refutar a la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, quien habría sido torturado y falleció tras ser detenido por policías de Mérida, Yucatán.

Según la FGR, no existió tortura en contra del joven veracruzano, pero la CNDH acreditó lo contrario e incluso, la muerte sería atribuible a autoridades del estado, pues también hubo uso excesivo de la fuerza por el arresto del 21 de julio de 2021.

Para sus avances presentados el pasado 28 de octubre de 2021, la FGR concluyó con estudios periciales que Ravelo Echavarría no fue torturado ni sufrió violación durante su arresto o mientras estuvo encarcelado.

“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, aseguró la dependencia ministerial.

Añadió que el cuerpo fue exhumado y se determinó que las lesiones fueron de alguien que se resistió a ser asegurado. También se conoció su estado de salud, el cual se reservó por respeto a la víctima.

La necropsia practicada arrojó que el joven falleció debido a una neumonía que no estuvo relacionada con traumatismo alguno durante su detención. Pero se investiga una posible negligencia médica por parte de personal que atendió al joven en el Hospital General de Yucatán.

Además, sí hubo presiones por parte del personal de la Fiscalía de Yucatán para ejercer acción penal en contra de policías municipales de Mérida, de modo que la FGR ha procesado esta parte del caso.

En contraparte, la CNDH juntó hasta 69 evidencias entre actas, estudios, reportes, análisis, denuncias, oficios y quejas, así como entrevistas y fotografías. De esas pruebas destacan tres opiniones de especialistas.

Un estudio arrojó que Ravelo Echavarría murió por un trauma de tórax cerrado y por una contusión pulmonar bilateral severa, las cuales fueron causadas por contusiones que infligieron agentes de la Policía de Mérida.

También está aquella observación que corresponde a diligencias de la FGR, pues por medicina forense se determinó que la necropsia al cadáver del joven por la Autoridad Responsable el 3 de agosto de 2021, no fue apegada a protocolos de actuación pericial.

Además, otro informe del mismo ámbito analizó las lesiones infringidas al detenido, donde se precisó que aquellas contusiones en la parrilla costal de ambos lados y en las escápulas, corresponden al tiempo de su arresto. No era necesario que le causaran daño para ser asegurado.

Este 8 de enero, a poco más de dos meses del informe preliminar, la CNDH exhortó a la FGR para que siga con las investigaciones, luego de atraer el caso y persiguir los delitos. Pero será la autoridad judicial competente la que determine bajo sentencia, si así se demuestra, la pena a los responsables.

De acuerdo con la Recomendación 50VG/2022, se hicieron sugerencias para el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León, y al presidente panista de Mérida, Renán Alberto Barrera Concha.

Al primero se le recomendó que sigan indagatorias por probable abuso sexual y se practiquen todas las acciones para determinar si hubo responsabilidad de funcionarios, tanto quienes las pudieron cometer como quienes lo toleraron.

Igual, que ayude a la FGR sobre la supuesta tortura y colabore en el seguimiento por inconsistencias advertidas en la necropsia al cuerpo del joven. La fiscalía estatal deberá realizar un diagnóstico sobre carpetas de investigación que implican a policías de Mérida en seis meses, así como revisar en qué terminaron denuncias sobre ejecuciones arbitrarias.

En tanto, el edil tendrá que ofrecer una disculpa pública a familiares del joven por violaciones a derechos humanos como la libertad e integridad personal, incluido el uso de la fuerza que llevó al fallecimiento. Aunado a ello se pagará una compesación considerando la gravedad de los hechos.

Mientras que en el próximo mes la madre de Ravelo Echavarría y el resto de su familia afectada emocionalmente, serán inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Junto con esto serán revisadas las quejas de que el médico y el Juez Calificador no proporcionaron intervención médica requerida.

La detención de José Eduardo Ravelo ocurrió el pasado 21 de julio, luego de que arrojara un pedazo de concreto al interior de un local. En algún punto del trayecto, como en los separos, se acusó que fue violado. Algo que la FGR ha descartado.

María Ravelo Echeverría, madre del joven llegó a Mérida dos días después de que su hijo fuera liberado. Ambos acudieron a la Fiscalía de Yucatán y el médico legista determinó enviarlo al hospital, donde finalmente falleció el 3 de agosto debido a la gravedad de sus heridas; la causa de muerte: síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo.

Cuatro días más tarde, la madre llevó el ataúd con el cuerpo a las afueras del Palacio de Gobierno del estado y pidió justicia. Horas después se detuvo a cuatro agentes municipales. El caso conmocionó al país desde la península por supuestas causas de brutalidad policial, pero la FGR apuntó a quienes atendieron al paciente y aquellos que presionaron para, presuntamente, fabricar culpables.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la intervención ministerial y de la Secretaría de Gobernación federal. Aseguró que no habría impunidad y volvió a señalar vejaciones por parte de policías.

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