Proponen negar permisos de armas de fuego a quien tenga antecedentes por violencia de género

Elizabeth Pérez, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso que sea un motivo para prohibir el acceso de armas de fuego a los individuos que tengan antecedentes por violencia de género, esto para propiciar un ambiente más seguro a las mujeres que suelen ser víctimas de agresiones armadas.

Para que esta iniciativa sea una realidad, la pasante de la carrera de derecho presentó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). En el texto se especifica que las licencias de portación de armas podrán cancelarse cuando los poseedores se encuentren bajo investigación por violencia de género o intrafamiliar.

Si se llegara a aprobar esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dictará una suspensión precautoria, misma que deberá ser ratificada al momento de contar con una resolución de la autoridad jurisdiccional. Durante este periodo, el arma deberá quedar bajo resguardo temporal de esta dependencia.

Durante la exposición de motivos, Pérez Valdez dijo que su propuesta busca atender la solicitud de la sociedad civil, que exige la erradicación de los feminicidios y la justicia para las víctimas de la violencia por razón de género.

Para argumentar esto, refirió que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de la administración, 10 mil 473 mujeres han muerto en circunstancias violentas. De enero a agosto del 2021, las entidades con más casos de feminicidios son: Estado de México, con 97 casos; Jalisco, 51; Veracruz, 50; Ciudad de México, 42; Nuevo León, 35; Chiapas y Chihuahua, 34; y Sonora 31 casos.

Otros datos alarmantes del SESNSP indican que el 70% de las mujeres han sido violentadas de alguna forma y 11 son asesinadas al día. De enero a abril de 2020 un promedio de 160.73 mujeres fueron golpeadas cada 24 horas, por lo que se emitieron 19 mil 288 carpetas de investigación por lesiones dolosas y 68 mil 468 por delitos por violencia familiar, lo que da 560 casos de violencia en los hogares por día en el país.

Aunado a esto, se debe de contemplar que existen 7 mil 373 armas de la Sedena en manos de civiles alrededor de toda la república, por lo que la legisladora señaló un potencial riesgo para la integridad de las mujeres en caso de que los presuntos agresores tengan acceso a una de ellas.

De manera adicional, en México fueron adquiridas 18 mil 112 armas por las Fuerzas Armadas; y, por los gobiernos de los estados, 228 mil 391; por las dependencias 76 mil 820; por personas físicas 113 mil 74 y por personas morales 32 mil 340, dando un total de 468 mil 737 armas de fuego ingresadas legalmente a nuestro país, entre 2009 y 2019. En relación con el tráfico ilegal, la situación es todavía más alarmante, porque se estiman más de dos millones de armas que han ingresado a territorio nacional.

Por lo que Pérez Valdez urgió replantear las políticas de portación de armas para los particulares, los requisitos para las licencias colectivas y las políticas para otorgar armas a los integrantes de las dependencias e instituciones públicas. Todo esto en virtud de disminuir las agresiones armadas contra niñas, adolescentes y mujeres.

Finalmente, cabe recordar que derivado del confinamiento instruido por la Secretaría de Salud (SSa) para combatir la pandemia de COVID-19, las líneas de emergencia ha registrado más de 115 mil llamadas que denuncian agresiones contra mujeres, niñas y niños; donde destaca el abuso sexual, violación, acoso sexual y violencia familiar, por lo que la posesión de un arma de fuego podría incurrir de manera oprobia contra la integridad de las víctimas.

SEGUIR LEYENDO: