Pese a las constantes negativas, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá continuar con la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de acuerdo con la más reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A través de un comunicado, el pleno de la Sala Superior informó que por unanimidad de votos, revocaron el acuerdo del Consejo General del INE, a efecto de que se exploren diversas alternativas de gestión presupuestal para garantizar la revocación de mandato y la participación ciudadana.
Dicho acuerdo, aprobado el pasado 17 de diciembre, indicaba que, derivado de la insuficiencia presupuestal por el recorte al Instituto, se pospondría temporalmente la realización del proceso llevado al congreso por AMLO.
Fueron AMLO y los partidos de su coalición, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto al Partido del Trabajo (PT) quienes impugnaron la decisión con un recurso de apelación ante el TEPJF.
En este sentido, el Tribunal consideró que el Consejo General no tiene las atribuciones ni justificó la causa por la que se debería posponer o interrumpir el proceso de revocación de mandato.
“El INE tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, para lo cual debe implementar las medidas y realizar los ajustes presupuestales necesarios para que, en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales, se continúe con dicho mecanismo de participación política”, argumentaron los magistrados.
Añadieron que la interrupción del proceso caería en una violación a los derechos constitucionales de la ciudadanía de participar en la preparación de un ejercicio democrático.
Además, consideraron que dada la etapa en la que aún se encuentra, la de aprobación de firmas, existen diversos mecanismos con los que podrían sortear la existencia de una supuesta insuficiencia presupuestal.
Las consideraciones del Tribunal indican que el INE deberá acreditar que se agotaron todos los recursos de obtención del presupuesto para realizar la revocación de mandato. Es decir, debe explorar ajustes al presupuesto, o bien, solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestaria.
En este sentido, ordenaron al INE que gestione las adecuaciones necesarias en su presupuesto para garantizar el proceso; además de vincular a la Secretaría de Hacienda para que brinde atención al INE de manera rápida en caso de una solicitud de ampliación de presupuesto.
Dicha respuesta, deberá ser fundada, motivada y siguiendo el “procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato”.
Lo anterior, puesto que ambas instituciones, señalaron, están obligados por ley a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos involucrados en el proceso.
“Con esta decisión, la Sala Superior del TEPJF refrenda su compromiso con los derechos de la ciudadanía y con la democracia participativa en un histórico proceso”, finalizaron los magistrados.
El Plan B de López Obrador
El Jefe del Ejecutivo aseveró durante la mañanera de este 29 de diciembre que su Gobierno ya contempla un plan b - y hasta plan c - con el cual buscarían realizar la consulta “de una forma o de otra”.
El primero plantea que sea la misma ciudadanía la que organice y realice el ejercicio, de tal manera que “se conserve la esencia de la democracia”, según lo que expresó el pasado 21 de diciembre.
En tanto, la segunda opción a la que podría recurrir el gobierno de México, estrategia recién revelada por las autoridades, implicaría contratar a empresas encuestadoras “de prestigio”.
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