Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, no gozará de prisión domiciliaria tras fallo de juez

José Antonio Pérez Juárez, director de cárceles en Jalisco, abogó en favor del narcotraficante, pues aseguró que se encuentra en mal estado de salud

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Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido
Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en 1989 fue sentenciado a 37 años de prisión (Foto: Archivo)

Un juez federal rechazó la solicitud de amparo presentada por la defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Jefe de Jefes, quien buscaba obtener prisión domiciliaria después de 32 años tras las rejas argumentando que se encuentra en un mal estado de salud, lo cual fue sostenido por José Antonio Pérez Juárez, director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco.

El juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México rechazó procesar la demanda de amparo presentada el pasado 22 de noviembre del 2021, pues no se logró distinguir con claridad cuáles eran los argumentos presentados en el oficio que le entregaron los abogados del capo.

Según información publicada por El Financiero, el narcotraficante aseguró que no se valoró adecuadamente su salud, pues a los 75 años sufre de diversos padecimientos; lo cual lo llevó a asegurar que se están violando sus derechos humanos, ya que se le está discriminando.

Entre los problemas de salud que Félix Gallardo asegura padecer se encuentran la pérdida de visión en un ojo y cataratas en otro, baja sensibilidad auditiva, reflujo, hernias y micro infartos cerebrales.

El narcotraficante ofreció una entrevista
El narcotraficante ofreció una entrevista a Telemundo, en la cual aseguró que su estado de salud es delicado (Captura: Telemundo)

Debido a su condición, el capo ha pedido estar bajo atención médica especializada, la cual no puede ser proporcionada al interior de la cárcel en la que se encuentra recluido; argumento que también es sostenido por el director de las prisiones a nivel estatal.

“A nosotros sólo nos compete el pronunciarnos si su conducta y su riesgo es el adecuado para su reclusión domiciliaria. La verdad es el adecuado, porque es una persona en todo su internamiento jamás tuvo una riña, no es una persona que consuma drogas, mucho menos alcohol, es una persona que se ha conducido con respeto al interior del centro y creemos que por su edad y por su enfermedad, tiene todo el derecho de tener una reclusión domiciliaria”, dijo José Antonio Pérez Juárez.

Asimismo, aseguró que la oficina de la Presidencia de la República envió a un abogado para hablar con con el narcotraficante y conocer su estado actual, asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha entablado comunicación en él, por lo que estaba convencido de que se le otorgaría prisión domiciliaria.

El Jefe de Jefes fue capturado el 8 de abril de 1989 en Guadalajara y posteriormente procesado por el asesinado de Kiki Camarena, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien fue secuestrado, torturado y asesinado en 1985 por miembros del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más poderosas de aquélla época comandada por Félix Gallardo.

La condena del anrcotraficante terminaría
La condena del anrcotraficante terminaría en el año 2026 (Foto: Archivo)

La defensa del narcotraficante ya había solicitado este recurso ante las autoridades judiciales en 2019, amparo que fue negado por el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México, pues se afirmó que no era válido para una de sus condenas, la cual responde a su proceso por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

El narcotraficante fue condenado a pasar 37 años en prisión por los delitos antes mencionados y por el homicidio calificado de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar; periodo de tiempo que se cumplirá en el año 2026.

Félix Gallardo ha ofrecido pagar alrededor de 20 millones de pesos a cada una de las familias de los hombres que presuntamente asesinó, esto como parte de las medidas con las que busca persuadir a las autoridades judiciales para que reduzcan su condena.

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