Norma Angélica Aceves, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso reformar el Artículo 35 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), esto en virtud de proporcionar un mejor marco jurídico que garantice su inclusión a la sociedad.
De tal modo que este martes 21 de diciembre, la legisladora propuso que el Sistema Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (SNDIPD) quede a cargo de la Secretaría del Bienestar en vez de que esté en la Secretaría de Salud (SSa).
Este apéndice del gobierno tiene como objeto la coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
En el Capítulo XII de la LGIPD, el que se dedica completamente a definir el SNDIPD, especifica que “las dependencias y entidades del Gobierno Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, constituyen el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
Por lo que se propuso cambiar la secretaría responsable del sistema, ya que, de acuerdo con Aceves García al estar sectorizada al rubro de Salud, se aleja del enfoque garantista de derechos humanos que mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y continúa con una visión asistencialista que aborda la discapacidad desde un modelo meramente médico.
“Esta armonización, más que responder a la denominación de una secretaría o a un tema de forma, tiene un impacto legal, al reconocer que la Secretaría de Bienestar es la encargada de coordinar el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y, con ello, dar certeza jurídica y eliminar cualquier posibilidad de confusión o interpretación distinta en detrimento de la legislación”
Aunado a esto, señaló que la LGIPD contiene artículos que no han sido homologados con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPG), por lo que urgió a actualizar esta ley.
A detalle, dijo que la Secretaría de Salud encabeza tanto al Sistema y como al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), que en 2013 pasó al sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual, con la llegada de la nueva administración pública federal, cambió de nombre por el de Secretaría de Bienestar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Durante la argumentación de la reforma, la priista dijo que la ley a reformar que presentó define los derechos de este grupo poblacional y brinda un sentido garantista que permite su plena inclusión, en un marco de igualdad en todos los ámbitos.
La reforma fue dirigida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictaminación, con lo que se espera suprimir los juicios de valor negativos para las personas con discapacidad.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total de la república. Por lo que promover su inclusión es trascendental para la administración pública federal.
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