La disputa entre la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, parecen no tener fin, en especial con todo lo que concierne al acuerdo que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre el carácter de seguridad nacional en las obras insignia de la actual administración.
En esta ocasión, este martes 14 de diciembre, la periodista mandó un mensaje a la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) por medio de su cuenta oficial de Twitter, luego de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió parcialmente el “decretazo” del mandatario mexicano.
“Tenga para que aprenda sen. @M_OlgaSCordero y pandilla que la acompaña”, fueron las palabras que redactó la representante del estado de Sonora en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Su enfrentamiento comenzó cuando los senadores del PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural (GP) aseguraron que el decreto publicado el 22 de noviembre violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
“Solicitamos respetuosamente que ejercite su facultad para presentar controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, se mencionó.
Ante esto, Sánchez Cordero puntualizó que recibiría la solicitud pero, antes de proceder, consultaría a la Dirección General Jurídica de la Cámara de Senadores. Pero, el pasado 7 de diciembre, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República mencionó que el llamado a promover una controversia constitucional contra el llamado “decretazo” no era competencia de dicha instancia.
Fue a partir de esto que Lilly Téllez decidió mostrar su punto de vista y, a través de sus redes sociales, destacó que Sánchez Cordero estaba tomando atribuciones que no le correspondían. Ante tales reclamos, Olga Sánchez Cordero apareció en las redes sociales para defenderse de los ataques de la oposición y decidió mandarles un mensaje, asegurando que ella no es una persona que busca “likes fáciles”, sino que debate a partir de los argumentos jurídicos.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la funcionaria perteneciente a la Cuarta Transformación indicó que no va a responderle a políticos y políticas carentes de reflectores, ya que aseguró que están ansiosos de ellos, motivo por el cual sólo atacan desde la grosería y la descalificación.
Y es que trascendió que en la Sala Superior de la SCJN, el ministro Juan Luis González Alcántara rechazó clasificar como “reservada” toda información pública de los proyectos insignia de AMLO como los son el Tren Maya, en el sureste mexicano; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México; y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, entre otros.
Lo anterior al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y conceder o suspender parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre. Así lo detalla el acuerdo publicado por el máximo tribunal del país:
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”
Esto significa que, para mantener en reserva alguna información sobre dichas megaobras, las autoridades a quienes se requieran dichos datos tendrán que argumentar legalmente las razones de seguridad nacional que sustenten su decisión.
En el mismo acuerdo, se niega la suspensión en lo que hace a sí considerar la como de seguridad nacional dichos proyectos para efectos de que todas las dependencias de la administración pública federal otorguen los dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización.
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