Este martes, el Comité contra la Tortura de la ONU pidió al Gobierno mexicano que “deje de criminalizar” la defensa de los derechos humanos y las protestas sociales.
“La detención y tortura de un defensor de derechos humanos pone a la luz la criminalización de la protesta social”, concluyó el comité, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El comité hizo este exhorto tras concluir que el mexicano Damián Gallardo Martínez, docente y activista por los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la educación, “fue víctima de tortura en México”.
El organismo recordó que Gallardo Martínez, miembro del pueblo indígena ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec de la región mixe, promovía la educación en comunidades indígenas de Oaxaca, en el sur de México, y participó en protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Pero en mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa mientras descansaba y lo arrestaron sin orden judicial, según relató la ONU, para acusarlo de participar en el crimen organizado y en el secuestro de dos jóvenes, sobrinos de “uno de los empresarios más importantes de México”.
“Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte”, comentó Peter Vedel Kessing, miembro del comité.
Las autoridades trasladaron a Gallardo Martínez a un penal de máxima seguridad en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde estuvo detenido más de cinco años hasta que el Ministerio Público solicitó el desistimiento del caso en diciembre de 2018.
Pero durante este tiempo, el activista fue “golpeado brutalmente, sometido a revisión bucal y anal, privado de agua y sueño, así como recluido en régimen de aislamiento 22 horas al día”, según el dictamen del comité de la ONU.
“Los familiares directos del Gallardo Martínez también son víctimas indirectas debido al impacto psicológico y emocional de la tortura sufrida por él y por la estigmatización y el acoso que enfrentaron. Por lo tanto, también tienen derecho a una reparación integral”, agregó Vedel Kessing.
La denuncia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia contra activistas de derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación reconoció en julio pasado el asesinato de al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
El comité de la ONU concluyó que el proceso contra Gallardo Martínez “se enmarca en un patrón de criminalización de las protestas sociales”.
Este 13 de diciembre, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer las 11 prioridades de la dependencia, entre las que se encuentra la continuación de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, trabajar en el programa nacional de reparaciones que requiere una reforma a la Ley General de Víctimas, así como Replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras..
“Partimos del reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano en esta crisis dadas las omisiones y la falta de actuación de los gobiernos anteriores que durante muchos años quisieron esconder la grave situación por la que atravesamos en distintos ámbitos de nuestro país”, recalcó.
Asimismo, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez enfatizó que han sido dos ejes en los que se ha centrado el desarrollo de los trabajos. El primero refiere a establecer una nueva relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, asumir la centralidad de éstas para enfrentar y dictar acciones y políticas. Y en segundo lugar, se trata del desarrollo de acciones y políticas que fortalecen las capacidades institucionales del Estado para atender esta crisis.
Con información de EFE
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