Juan Collado estaría cerca de salir de prisión tras acuerdo con FGR

El abogado aportaría información sobre políticos en casos de corrupción

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Collado proporcionaría información importante sobre casos de corrupción (Fotoarte: Infobae México)
Collado proporcionaría información importante sobre casos de corrupción (Fotoarte: Infobae México)

Fuentes cercanas al abogado Juan Collado, cercano a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, además del ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, ha obtenido un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual le permitiría salir de prisión a cambio de proporcionar información sobre importantes políticos implicados en actos de corrupción.

Según fuentes cercanas al jurista, agentes de la FGR acudieron al Reclusorio Norte para ofrecer el criterio de oportunidad a Collado, por lo que el Ministerio Público Federal podría dictar libertad para el abogado, pues los cargos en su contra serían retirados a cambio de convertirse en testigo.

El artículo 218 del Código Penal de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público podrá desistir de ejercer acción penal en contra de un acusado bajo la condición de considerar un criterio de oportunidad debidamente justificado.

De la misma forma, el artículo 256 del mismo documento instruye que el criterio de oportunidad hacia una persona que enfrente un procedimiento penal será válido sólo si el delito que se persigue tenga como máximo 5 años de pena en prisión, además de que no se haya cometido con violencia.

El abogado realizó el divorcio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera
(FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM)
El abogado realizó el divorcio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM)

Además, aplicará si el delito corresponde a daño patrimonial, mientras el imputado no lo haya cometido bajo los efectos del alcohol o cualquier otro narcótico que pueda afectar su juicio.

Asimismo, establece que el presunto culpable podrá hacer uso de esta medida cuando aporte “información esencial y eficaz” para perseguir un delito más grave del que se le acusa, además de comprometerse a comparecer en un probable juicio.

Aunque las autoridades se han comprometido a respetar el acuerdo, Juan Collado aún no ha confirmado su postura, pues todavía no se ha comunicado con la FGR para manifestar su decisión.

El pasado jueves 9 de diciembre, el juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Sinaloa otorgó un amparo en contra de la vinculación a proceso por el presunto desvío de 13,700,00 de pesos, por lo cual se le acusa de peculado.

Mauricio Flores, abogado de Juan Collado, aseguró que el Código de Chihuahua establece que hay ciertos delitos que sólo pueden cometer servidores públicos, como lo es el peculado, por lo que se impediría que su proceso continúe.

Collado habría cobrado 46 MDD como prestanombres de Enrique Peña Nieto (FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM)
Collado habría cobrado 46 MDD como prestanombres de Enrique Peña Nieto (FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM)

Collado fue vinculado a proceso por este delito en septiembre del 2020, fecha en la cual fue acusado por el Gobierno de Chihuahua por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 13,000,000. Guadalupe Hernández, juez de control, validó las pruebas presentadas por la fiscalía después de más de 12 horas de audiencia, por lo que se fijó como máximo un plazo de cuatro meses para realizar investigaciones complementarias.

El 9 de julio de 2019, Juan Collado fue detenido por elementos de la FGR, dependencia que lo acusó de su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En junio de este año, El País dio a conocer que Juan Collado habría cobrado 45,900,000 dólares aproximadamente 908,000,000 pesos otorgados por una red de empresas utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Los movimientos y depósitos fueron realizados en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2009 y 2013, periodo de tiempo que corrió desde la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón y el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

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