La dura búsqueda de una vida mejor: cárteles mexicanos se disputan el tráfico de migrantes

Chiapas (al sur de México) —un lugar de paso casi obligado para los miles de migrantes centroamericanos, que buscan la ruta soñada y temida que los llevará a Estados Unidos— es el principio de una larga travesía que se convierte en infinita por que las carreteras que van hacia el norte del país están asediadas por los cárteles de las drogas.

Varias son las denuncias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho sobre la grave situación de seguridad que viven los migrantes en México. Este máximo organismo vigilante de los derechos humanos de América, asegura que los sin papeles, son víctimas de asesinato y desapariciones por parte del crimen organizado.

Un informe del gobierno federal en manos del diario El Universal, detalla que en la frontera entre Chiapas y Guatemala —donde hace dos días fallecieron 55 personas en un accidente vehicular— los cárteles del Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen una disputa por el tráfico de migrantes.

Este negocio ilícito, que antes pertenecía a personas coloquialmente conocidas como polleros, pasó a formar parte de los negocios ilegales del crimen, lo que ha convertido al tráfico de migrantes en una actividad mucho más violenta.

Ya en 2007 se empezaron a tener noticias de que México era un infierno para los migrantes. Los Zetas fue la primera organización incursionar en el delito. De acuerdo con los expedientes del gobierno, los criminales secuestraban y extorsionaban a los centroamericanos a su paso por el país. Los Zetas, disminuidos por los embates de la policía y militares, necesitaban abastecerse de dinero y sicarios para compensar su falta de liquidez y de personal.

Los cárteles de la droga vislumbran al tráfico de migrantes como un atractivo negocio, principalmente por dos circunstancias: la primera es la indefensión de los indocumentados y la segunda, la ausencia de una ley que proteja a los migrantes.

En 2010 ocurrió una de las peores matanzas contra migrantes centroamericanos. En una finca, en San Fernando, Tamaulipas, 72 indocumentados fueron asesinados por el sanguinario grupo criminal de Los Zetas. A los migrantes, que no podían pagar un rescate, se les propuso, de acuerdo con el testimonio de un único sobreviviente, enrolarse en la organización criminal; sin embargo, se habrían negado y los mataron.

El Cártel del Golfo controla la mayoría de los puntos del norte del país. Aunque no se dedican exclusivamente al negocio de la trata de personas, según el sitio Breitbart Texas, controlan cualquier intento ilícito para cruzar la frontera.

Los miembros de este cártel registran meticulosamente cómo se van pagando las tarifas, asignando a cada migrante un número de identificación o “clave”. Las pulseras, parecidas a las que se usan en cualquier tipo de eventos, informan quien está autorizado a cruzar.

Se trata de pulseras de plástico de diferentes colores: rojas, azules, verdes, blancas. Llevan inscritas en español las palabras “llegadas” o “entradas”, y sirven para diferenciar a quienes pagaron de más o de menos.

También funcionan como señal de reconocer a quienes viajan pagando a traficantes y a los que se atrevieron a lanzarse por su cuenta. Estos últimos corren un alto riesgo: están en peligro de ser secuestrados, reclutados a la fuerza al servicio de las bandas criminales o ser asesinados durante su trayecto.

Theresa Cardinal Brown, directora de inmigración y política transfronteriza del Bipartisan Policy Center con sede en Washington, consideró que ese sistema de categorización ilustra la sofisticación de los grupos delictivos organizados que transportan personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Lo manejan como un negocio”, comentó la funcionaria explicando que este consiste en “encontrar más clientes y buscar eficiencias”, reiterando que los migrantes pueden pagar miles de dólares por el viaje a Estados Unidos, mientras que los traficantes de personas tienen que pagar a los cárteles de la droga para trasladar a las personas a través de diversas áreas de México. “Esta es una operación para generar ingresos y deben prestar mucha atención a quién ha pagado, esta puede ser una nueva forma de realizar un seguimiento”.

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