Una concesionaria de vehículos con razón social Hampton Motors ubicada en Dallas, (al norte de Texas, EEUU), servía de fachada a una red de narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue desmantelada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En la operación los agentes detuvieron al empresario Marco Antonio González quien, en un abreviado juicio de cuatro días, fue condenado a cadena perpetua por los delitos de conspiración para distribuir drogas, y por posesión de metanfetamina y armas de fuego.
La droga provenía de México. De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, un hombre identificado como Speedy presunto miembro del CJNG era el encargado de distribuir la droga en el local de autos, que servía como almacén de metanfetamina.
El dinero de las ganancias de las drogas era utilizado para comprar autos semi nuevos y disfrazar la procedencia de los recursos.
Marco Antonio junto con otros cómplices también utilizaron casas en Dallas que eran usadas como laboratorios para la recristalización de metanfetamina, además servían como sus guaridas.
Durante el juicio, los fiscales destaparon que el acusado había amenazado con matar a uno de sus cómplices, que estaba previsto que testificara en su contra.
La División de Campo de Dallas de la Administración de Control de Drogas y el Departamento de Policía de Dallas llevaron a cabo la investigación con la ayuda del Departamento de Policía de Garland y la Oficina del Sheriff del Condado de Ellis. Los fiscales federales adjuntos P.J. Meitl y John Kull procesaron el caso. El juez federal de distrito Brantley Starr presidió el juicio.
El pasado 6 de diciembre, el Departamento de Justicia de EEUU sentenció a seis años y dos meses de prisión al mexicano residente en Portland, David Acosta Rosales, de traficar armas para la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
El caso de Acosta Rosales, de 51 años, se encontraba en manos de la jueza Karin Immergut, quien sorprendió por la irrisoria sentencia del presunto criminal.
El pasado 14 de septiembre, Acosta se declaró culpable de liderar una conspiración para surtir armamento de alto poder al Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).
El traficante envió al menos 100 armas de Oregón a México, para empoderar la capacidad de fuego del grupo delictivo internacional dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
De acuerdo con las investigaciones, este sujeto de 51 años aceptó que desde septiembre de 2019 se desempeñó como cabecilla de una organización para traficar gran cantidad de fusiles para el CJNG.
Entre lo traficado por Acosta Rosales estuvieron rifles semiautomáticos de alta potencia. El operador de Oseguera Cervantes reconoció sus declaraciones falsas en cuanto al método de obtención del armamento.
Según documentos judiciales, el traficante recibió pedidos para facilitar los fusiles, así comoartefactos explosivos de compradores en México afiliados al CJNG. A cambio, obtuvo cientos de miles de dólares.
Para sus planes, David Acosta Rosales reclutó a numerosos compradores falsos quienes realizaron las adquisiciones ilegales, además, borró los números de serie de las armas y organizó la transferencia como el transporte del cargamento de Oregon a México.
Desde el 6 de octubre de 2020, un Gran Jurado federal en Portland emitió acusaciones formales por 52 cargos contra Acosta Rosales y 10 asociados, pues entonces se argumentaban declaraciones falsas respecto a la compra de armas, su posesión y contrabando.
Luego de un proceso judicial que tardó casi un año, el mexicano llegó a un Acuerdo de Culpabilidad que implica el decomiso de cualquier activo derivado de los delitos cometidos.
Siete de los cómplices en esta operación ya habían aceptado sus responsabilidades y están a espera de la sentencia. En tanto, el líder de la organización, David Acosta Rosales, será condenado el próximo 6 de diciembre ante Karin J. Immergut, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Tres operadores del CJNG están pendientes de juicio en este caso.
Acosta Rosales enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión, una multa de 250 mil dólares, así como tres años de libertad supervisada.
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