La Comisión de Seguridad Pública del Senado solicitó este jueves a la Guardia Nacional (GN) información sobre los operativos en los que se hizo uso de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

La Comisión acordó esta noche solicitar esa información, pero dio por aprobado, por mayoría, el dictamen del informe 2020 en el que se expone el estado de fuerzas, las detenciones, actividades realizadas pero, destacó el senador Miguel Ángel Mancera, se omitió lo fundamental: el detalle del uso de las fuerzas armadas en seguridad.

Por tanto, se aprobó el dictamen pero se pidió a la GN “que en lo futuro” informe lo que marca la Constitución.

Con lo reportado por la GN la corporación de seguridad “está cometiendo una omisión”, valoró Macera y la senadora priista Claudia Anaya, quien agregó: “si lo aprobamos seremos cómplices”.

El legislador perredista y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México recordó la posibilidad de que el presidente pudiera disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, tal como se estableció en la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, fue porque se obligó a la rendición de informes.

“El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe”, se estableció en el artículo 5º transitorio de esa reforma constitucional.

Por tanto, Mancera votó en abstención y cuatro senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra, pero seis senadores de Morena aprobaron el dictamen.

Se estableció que esperarán el informe detallado de la GN antes de que el dictamen suba a discusión del pleno del Senado, tentativamente el martes 14 de diciembre.

“Este candado fue una salvaguarda para que nuestras Fuerzas Armadas actuaran en tareas de seguridad pública”, pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le ordenó no usarlas salvo que sea de manera subordinada extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, insistió Mancera Espinosa.

“México fue condenado por la CIDH en el caso Alvarado” y le ordenó cumplir con ello, “no es una necesidad, es un mandato constitucional” entregar ese apartado, en que se debe detallar específicamente los operativos en que se usó a las fuerzas armadas así como el contexto.

El pasado 23 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) en el cual, reveló que durante 2020, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional recibió 108 quejas y 320 denuncias ciudadanas.

De acuerdo a lo publicado por el Inegi, derivado de la normatividad en materia de régimen disciplinario, se reportó que 600 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, 83.2% fueron hombres y 16.8% mujeres. La principal sanción impuesta fue el arresto con 65 por ciento.

En total, apuntó el Instituto, 19 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público derivado de la probable comisión de algún presunto delito.

El Inegi resaltó que al cierre de 2020, la Guardia Nacional contó con 96,358 personas adscritas y asignadas. De ellos, el 83.2% (80,205) eran hombres y 16.8% (16,153) mujeres.

Según la institución o corporación de origen, 62.1% estuvo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, 23.8% a la Policía Federal y 14.1% a la Secretaría de Marina.

En cuanto a los ingresos, 46.0% del personal masculino y 69.9% del femenino percibió un ingreso bruto mensual entre 25,000 y 30,000 pesos.

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