El 10 de diciembre del 2019, el nombre de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), volvió a los titulares cuando sólo pensaba descansar unos días con su familia en Dallas, Texas. Lo hizo tras ser arrestado en dicha ciudad a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que consideraba que el ex titular tenía cuentas pendientes por cooperar con el Cártel de Sinaloa para traficar droga al país norteamericano.
García Luna encarnaba lo se espera de un jefe policíaco: cordial, frío y respetado, y aunque su nombre no entraba dentro de los planes del gobierno de EEUU, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York, el hermano de Ismael el Mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada, declaró que el Cártel de Sinaloa había hecho pagos millonarios a García Luna en al menos dos ocasiones.
De acuerdo con las autoridades estadounidenes, el poder que ostentó García Luna le permitió acceder a importantes investigaciones y documentos suministrados por EEUU, que después pasarían a manos de la cúpula del Cártel de Sinaloa.
Cuatro semanas después de su detención, ante un escenario totalmente adverso, García Luna se declaró inocente en su primera comparecencia ante la Corte federal de Brooklyn, donde sonó publicamente y por primera vez su nombre. Con grilletes en los tobillos, pálido y desasliñado, escuchó los cinco cargos por los que se le acusa, entre ellos distribución y posesión de cocaína y declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduana e Inmigración.
El 6 de enero del año pasado trascendió, por una publicación del The New York Times, que el equipo legal del ex funcionario mexicano había jugado su última carta supuestamente para que su cliente no fuera enjuiciado y obtuviera beneficios. Se dijo entonces que García Luna contemparía la colaboración, hecho que pondría en la mira a varios funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
En medio de la pandemia por coronavirus, el gobierno estadounidense abrió una caja de pandora —mucho más peligrosa y dañina para el futuro de García Luna—, al acusar a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, subalternos del ex secretario de Seguridad en los años de Calderón.
El Departamento de Justicia de EEUU explicó que los tres ex funcionarios ayudaron al Cártel de Sinaloa a traficar droga desde 2001 al presente. García Luna, Ramón Pequeño y Luis Cárdenas acordaron no interferir en envíos de toneladas de droga de la organización sinaloense al país norteamericano.
De acuerdo con la acusación, los imputados entregaron información a los narcos sinaloenses sobre sus rivales y colocaron a funcionarios corruptos en áreas donde operaba el cártel.
En México, Cárdenas Palomino también fue acusado de participar en la tortura de cuatro personas, y el 5 de julio del presente año fue detenido en el Estado de México.
El 27 de octubre del 2020, en una audiencia que sufrió varias interrupciones, García Luna volvió a declararse no culpable de los cinco cargos que le imputaba la fiscalía estadounidense. El expediente contra el funcionario sumaba hasta entonces más de cien mil páginas de pruebas sobre sus nexos con el Cártel de Sinaloa.
Aunque Estados Unidos fue el primero en sentar en el banquillo a García y culparlo por corrupción y narcotráfico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó, en noviembre del año anterior, la captura del ex secretario por enriquecimiento ilícito y no haber justificado la procedencia de 27 millones de pesos invertidos en distintas propiedades.
Para finales del 2020, García Luna no podía ver más cerca la luz al final del túnel, luego de que la embajada de México en el país vecino entregara la petición de extradición del ex funcionario. Sin embargo, este hombre no correría la misma suerte que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue enviado a México y exonerado de las acusaciones que lo señalaban como vinculo entre el gobierno y el cártel de los Beltrán Leyva.
En 2018, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narco Jesús el ReyZambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.
Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.
El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.
—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.
“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.
Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.
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