La Asociación de Control de Armas (ACS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos nominó al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como “La Persona del Año para el Control de Armas”.
Esto, afirmó la organización, a raíz de la demanda contra fabricantes de armas en el país vecino que el canciller presentó, en representación de México, el pasado 4 de agosto en una Corte de Boston, Massachusetts.
El funcionario fue seleccionado junto a otras personalidades que “ejercieron un liderazgo importante” para la reducción de los peligros asociados con las armas; hecho que Ebrard agradeció en su cuenta de twitter.
“Agradezco a la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos la nominación al reconocimiento anual que otorgan por la demanda presentada por nuestro país contra la industria de armas que facilita y promueve la violencia”.
El periodo de votación será del 8 de diciembre del 2021 hasta el 12 de enero del 2022. En tanto, los resultados se darán a conocer el 14 de enero del próximo año.
Durante la presentación de la denuncia de tipo civil, funcionarios mexicanos subrayaron que ésta no era en contra del país vecinos, sino como “un litigio diplomático”.
Una vez aclarado, el canciller indicó que dicho tema se ha trabajado durante al menos dos años, desde que se propuso iniciar una acción legal exitosa, factible, en el vecino del norte, en contra de los productores de armas, “íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en México”, indicó.
Explicó que el objetivo de la misma era buscar que las empresas imputadas compensaran al gobierno de México por el daño causado por sus prácticas negligentes. También que impongan estándares para monitorear y en su caso disciplinar a sus clientes “porque las empresas lo saben”.
Incluso, aseveró que las compañías señaladas fabrican modelos de armas específicamente para el narcotráfico, que tienen distintas características, “son más valiosas”. Por ese motivo, insistió, las empresas demandadas deberían incorporar mecanismos de seguridad en las armas, para poder rastrearlas.
“Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México”, exhortó.
Con la acción promovida por México, se buscaba al menos 10 mil millones de dólares como pagos en reparación en contra de las empresas: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock Ges.m.b.H; Sturm, Ruger & Co.; and Witmer Public Safety Group and Interstate Arms, ambos proveedores.
Luego de ello, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) respondieron a las acusaciones y rechazaron que sean parte de un negocio negligente.
“El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior de NSSF.
Agregó que los cárteles usan armas llevadas ilegalmente a México o robadas a sus fuerzas armadas y policías.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”, aseveró el representante de NSSF.
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