A tres años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, su sexenio se ha caracterizado por destruir sistemáticamente a las instituciones públicas que actúan como contrapeso y que son necesarias para el desarrollo y democracia en México.
Así lo señalaron este martes académicos y especialistas durante el informe “Balance Negativo: los derechos humanos en México”, realizado vía remota por la organización Signos Vitales, y que fue presidido por Enrique Cárdenas, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla.
Y es que el país tiene un panorama desalentador, pues la autollamada “Cuarta Transformación (4T)” poco ha hecho para garantizar la justicia en el país y, por el contrario, ya se registran cifras históricas de homicidios dolosos, de feminicidios, de desapariciones forzadas, de desplazamientos y de personas en situación de pobreza. Además, en el informe se menciona que se impone políticas que sólo han debilitado la actuación institucional y ha impedido la construcción y consolidación de las que existen.
“El actual gobierno federal ha hecho un esfuerzo sistemático para debilitar los contrapesos institucionales, así como para destruir capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrían y debían brindar equilibrios que toda democracia debe tener y que son imprescindibles para el desarrollo”, se lee en el informe.
Al respecto, Sergio López Ayllón, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso que si bien, no todo es atribuible al gobierno actual, pues persisten rezagos estructurales desde hace décadas, sí es responsable del debilitamiento de las instituciones.
“Hay un problema de debilitamiento institucional [...] En estos momentos, podemos decir que el gobierno (de López Obrador) se caracteriza por el desmantelamiento de las instituciones garantes de los derechos humanos, incluso de aquellas que todavía están en proceso de despliegue”
Recordó que la Guardia Nacional fue creada como una institución para hacer frente al problema de inseguridad y violencia, pero la corporación no está concatenada en las políticas de justicia ni carcelarias.
“La Guardia Nacional puede ayudar, pero no va a resolver el problema incluso lo puede agravar si no se articula con las procuradurías, fiscalías, tribunales y el sistema carcelario”
En este sentido, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, consideró que aunque el gobierno de López Obrador no será recordado por una guerra contra el narcotráfico, como con Felipe Calderón, o por una masacre como la de los estudiantes de Ayotzinapa, como con Enrique Peña Nieto, sí por complaciente, e incluso omiso, en la persecución de la delincuencia.
“Esta administración será recordada por no perseguir a criminales y que estos tomen comunidades completas. El crimen organizado ya es el que manda, porque el gobierno no está haciendo nada para combatirlo. La política de ‘abrazos y no balazos’ no está dando frutos. Al no combatir al crimen, este gobierno será recordado por el asesinato y desplazamiento de miles de personas”
En materia de seguridad, también criticó la creación de la Guardia Nacional, pues aunque en el papel es civil, en la práctica es militar. “A tres años de este Gobierno, (la Guardia Nacional) no nos ha dado resultados”, sentenció.
Sobre el uso de militares para diversas labores, como la construcción de obras, consideró que es un riesgo para las Fuerzas Armadas, pues abre la puerta actos de corrupción que podrían destruir las instituciones con mejor evaluación entre la ciudadanía.
Finalmente, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, destacó que el 98 por ciento de la población en pobreza extrema carece también de seguridad social, por lo que dijo que este gobierno también ha fallado en atender a los que menos tienen.
Por todo lo anterior, y las demás violaciones reportadas por Signos Vitales, los especialistas concluyeron que en la actual administración ha habido retrocesos importantes en derechos humanos.
“Estamos ante la indefensión a la vida, a la integridad y a la seguridad de las personas que están a la merced de decisiones políticas y militarizadas”, puntualizó María Elena Morera.
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